En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, calificó esta iniciativa como "la reforma estructural seguramente más importante que va llevar a cabo" el Ejecutivo.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó que las modificaciones introducidas abrirán el sector servicios español al mercado único europeo y supondrán "una profunda transformación de nuestro sistema".
En este sentido, recordó que el sector servicios es el más importante de la economía española en términos de crecimiento y empleo, ya que representa casi dos terceras partes del PIB y del empleo en España.
"En la actual coyuntura económica y en el futuro que viene es de vital importancia ganar en eficiencia, productividad y empleo. Creemos que esta regulación va a conseguir estos tres objetivos", resaltó De la Vega.
La vicepresidenta detalló que el propósito es simplificar al máximo todos los procedimiento administrativos y "dejar atrás la cultura de la autorización para todo".
En este sentido, el Gobierno considera que la aprobación de esta 'Ley Ómnibus' beneficiará particularmente a pymes y a autónomos, para quienes los costes de inicio de actividad y las cargas administrativas que soportan son proporcionalmente mayores.
El proyecto de ley aprobado por el Gobierno para su remisión a las Cortes modifica 47 leyes estatales y entre los cambios más importantes previstos se sustituye la figura de la autorización previa que rige el acceso en numerosas actividades por meras comunicaciones de inicio de la actividad o declaraciones responsables por parte del prestador a la Administración.
Por otro lado, se eliminan requisitos y otros obstáculos que restringen de forma innecesaria o desproporcionada la puesta en marcha de actividades e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores y la creación de empleo.
Por ejemplo, se otorga validez en todo el territorio nacional a diversas autorizaciones o habilitaciones para el ejercicio de una actividad (de modo que el prestador de servicios no tenga que obtener una nueva autorización en cada comunidad autónoma en la que quiere ejercer), se simplifican procedimientos administrativos (tramitación telemática, supresión de autorizaciones provisionales, unificación de trámites de apertura y funcionamiento), y se establece el silencio positivo como norma general.
Colegios profesionales
En el proyecto aprobado destaca la reforma de la Ley que regula los Colegios Profesionales. Este colectivo agrupa alrededor de un millón de profesionales, que suponen un 6,1% del empleo total y el 30% del empleo universitario. Las profesiones colegiadas suponen un 8,8% del PIB.
Entre las mejoras que se introducen destaca la eliminación de restricciones injustificadas a la publicidad de los servicios profesionales y también se eliminan las restricciones impuestas por los Colegios al ejercicio conjunto de dos o más profesiones y se suprimen trámites habituales como la obligación de comunicar el ejercicio fuera del territorio del Colegio de inscripción.
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