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“Algo huele bastante mal”

“Algo huele bastante mal”

El escándalo por las interceptaciones ilegales en el país no da tregua. El primer involucrado fue el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que desde hace varios meses se encuentra en el “ojo del huracán” por este hecho dejando como resultado varios funcionarios detenidos e investigados y una radical decisión del gobierno de terminar con la organización de inteligencia que ha dado serios indicios de haberse convertido en un foco de corrupción.
No obstante lo anterior, el ruso Sergei Koval, considerado una autoridad mundial en peritaje técnico forense de audio, revisó las grabaciones ilegales con algunas legales realizadas por el organismo, y determinó que las últimas interceptaciones divulgadas  a finales de agosto por la revista Semana, no fueron realizadas por los equipos técnicos que posee el DAS y por lo tanto no fueron hechas por dicha institución

"Todas estas muestras fueron comparadas con las que se tenían como de duda, polémica, y la conclusión fue unívoca: esas interceptaciones telefónicas no fueron registradas con el tipo de equipos que maneja la agencia estatal"
, indicó Koval.

El descubrimiento deja sobre la mesa la corrupción existente en otras entidades gubernamentales y genera un crecimiento del escándalo que ya permea otras dos instituciones más: la Fiscalía General de la Nación, ente investigador perteneciente a la rama judicial del país, y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), entidad dependiente de la Policía y el Ejército Nacional que se encarga de evitar, prevenir y actuar en casos de secuestro y extorsión.

Ante la denuncia las reacciones no se hicieron esperar y uno de los primeros en darlas fue Felipe Muñoz, actual director del DAS, quien acertó a decir que “en el asunto de las escuchas ha estado en juego no solo un proceso de investigación judicial, sino la dignidad de un Gobierno, del presidente de la República y del DAS una entidad que en el pasado ha cometido errores y que ha puesto la cara para que se corrijan”.

Así mismo, el Fiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, daba a conocer los esfuerzos que hará para encontrar al interior de la institución a las personas responsables de ordenar las llamadas “chuzadas”. Además de lo anterior, Mendoza reveló que el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, había sido vinculado a dos procesos por secuestro y extorsión, con el fin de que se autorizara la interceptación de su teléfono celular.


Por su parte, el director de la Policía, general Óscar Naranjo, anunció que en el caso de las interceptaciones a Velásquez, quien actualmente se ocupa de casos relacionados con la llamada parapolítica (nexos entre políticos y paramilitares), investigará la posible vinculación de miembros del GAULA que se encuentren bajo su control con lo hechos.

Finalmente el ministro de Interior, Fabio Valencia Cossio, expresó que exige claridad sobre hechos; además, aseguró que todas las maniobras que se están realizando se hacen con el fin de “desprestigiar al Gobierno”. “Algo huele bastante mal” agregó el ministro.


Las formalidades de la justicia


Un fiscal anuló parcialmente la investigación contra Jorge Alberto Lagos y Fernando Tabares, quienes ejercieron como directores de inteligencia y contrainteligencia del DAS, lo cual ya permitió la recuperación de la libertad de Lagos.

Según el fiscal que tomó la decisión, los ex - funcionarios deben ser procesados por el nuevo sistema judicial, pues los hechos por los que se les acusan fueron cometidos en el año 2005, cuando ya existía el nuevo sistema penal acusatorio.

A su salida de la cárcel, Lagos manifestó que confía en que la justicia encontrará a los verdaderos responsables de las “chuzadas” ilegales, el ex – funcionario añadió que se seguirá presentando a la Fiscalía para responder por los nuevos procesos que se den en su contra.

Los procesados, que llevaban mes y medio en prisión, son investigados por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y ocultamiento y destrucción de documentos públicos.







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