"El cierre de las televisoras obedece a una bien orquestada estrategia gubernamental que tiene como principio fundamental aniquilar a los medios privados e independientes", señaló en un comunicado, Alejandro Aguirre, presidente de la SIP.
En opinión de Aguirre, este tipo de medidas tiene como objetivo generar la "existencia de una cada vez más grande cadena de medios estatales dedicados a diseminar propaganda oficial".
En ese sentido, recordó la denuncia que la SIP presentó en su último informe semestral sobre Venezuela.
En dicho informe la SIP destacó que la "eliminación progresiva de los medios independientes como política oficial y la 'hegemonía comunicacional' como meta proclamada por el presidente Hugo Chávez, son algunos de los mayores retos que enfrenta la libertad de prensa en el país".
En noviembre pasado, desde Buenos Aires, la SIP denunció que Chávez tiene "a su servicio las frecuentes y obligatorias 'cadenas' con las que confisca y secuestra espacios de todas las radioemisoras y televisoras para trasmitir amenazas y retórica propagandista".
El Gobierno cuenta, según la SIP, con 238 emisoras, 28 estaciones de televisión y más de 125 sitios de propaganda en Internet.
Por su parte, el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, manifestó que la medida contra los canales de cable es "un paso adicional de censura".
La SIP ha denunciado en los últimos años todo tipo de represalias gubernamentales realizadas contra periodistas venezolanos, entre otras, las imputaciones contra Guillermo Zuloaga de Globovisión; la persecución contra Rafael y Patricia Poleo del diario El Nuevo País y la prisión de los periodistas Gustavo Azócar y Leocenis García.
Asimismo, según esta organización, se han registrado actos de intimidación y agresiones físicas contra comunicadores de diferentes medios independientes.
Las autoridades de la SIP recordaron que la "hegemonía comunicacional" se evidenció el año pasado cuando la fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, patrocinó un proyecto de ley sobre "delitos mediáticos" que finalmente no fue tratado por la Asamblea Nacional (AN).
Este Gobierno "extrema la discriminación, excluyendo a los medios independientes de la pauta publicitaria del Estado y utiliza toda su fuerza para tratar de intimidar y debilitar a los anunciantes privados", agregó la SIP.
Por último, el organismo recordó que el Gobierno de Hugo Chávez es uno de los pocos en las Américas que continúa negándose a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite el país para revisar la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión.
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