martes 16 de marzo de 2010, 18:37h
Las Fuerzas Armadas han sido un referente moral para todos los ecuatorianos, están ligadas a la historia de la patria y han escrito páginas gloriosas que son parte de la identidad y del orgullo nacional.
El Ecuador necesita, más que nunca, de unas Fuerzas Armadas profesionales y estrictamente jerarquizadas, con alta disciplina, que en su cúpula estén los mejores hombres, nombrados con apego estricto a leyes y reglamentos. Los Jefes de Estado que soslayan estas reglas han tenido amargas experiencias. No olvidemos que la manipulación grave e irresponsable de leyes, reglamentos militares y sobre todo de sus mandos, desembocaron en una sublevación y en el secuestro de un presidente. Recordemos al presidente que juró “Cambiar el país o morir en el intento”, lo que hizo es abusar de su autoridad para mal manejar a los mandos, leyes y reglamentos militares y desprestigiarlas; no terminó su mandato y es otro triste episodio en nuestra historia reciente.
La inestabilidad de los mandos en la institución militar es un signo negativo para una conducción adecuada; esta falencia ha sido casi permanente en nuestra historia; también ha habido esporádicas etapas de verdadera estabilidad; podemos señalar al gobierno del presidente Rodrigo Borja como un caso de excepción; su Ministro de Defensa permaneció en sus funciones el tiempo del mandato presidencial (4 años); igualmente, los Comandantes del Ejército, de acuerdo a la Ley de Personal, duraron en sus funciones dos años. Hay que reconocer que en esta última etapa del gobierno del actual mandatario; el Jefe del Comando Conjunto y los Comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea, están próximos a cumplir dos años en sus funciones.
El Presidente, de acuerdo a la Constitución y leyes militares tiene la potestad de nombrar sus relevos; este es un asunto serio y de altísima responsabilidad; aquí no debe haber espacio para los compadrazgos, amiguismos, ni simpatías; peor de afinidad a los planes políticos del gobierno; eso sí, un Jefe de Estado tiene la responsabilidad de obligar a las Fuerzas Armadas y a sus mandos, fidelidad a su misión profesional claramente establecida en la Constitución y que tienen que mantenerse totalmente alejadas del quehacer político, sin intervenir en él. De manera que el manejo de los asuntos políticos del Estado es tarea extraña a los fines y objetivos de la institución militar, que tiene la obligación ineludible de subordinarse responsablemente a los poderes legalmente constituidos.