El fiscal general de EE.UU., Eric Holder, negó este domingo que la demanda del gobierno contra Arizona por su ley antiinmigrante tenga motivos políticos, y alertó de que si entra en vigor el departamento de Justicia vigilará si genera discriminación.
Holder afirmó en una entrevista con el canal "CBS" que la Casa Blanca decidió interponer la demanda después de que el departamento de Justicia hiciera un estudio legal y constatara que la ley "viola la Constitución" y no en base a consideraciones políticas.
"Hay un número sustancial de republicanos y miembros de los cuerpos de policía que pensaron que la decisión de demandar fue, de hecho, la correcta", insistió el fiscal general.
El departamento de Justicia presentó la demanda en un tribunal de Phoenix el pasado 6 de julio, que basa en que Arizona se ha adjudicado con la nueva ley competencias en materia de inmigración que, por la Constitución, corresponden al Gobierno federal.
El gobierno estadounidense pidió al juez que suspenda temporalmente su entrada en vigor, prevista para el 29 de julio, mientras continúa el proceso legal.
Holder afirmó que si el tribunal no admite esa petición, el gobierno federal vigilará cómo se aplica la ley para comprobar si hay casos de discriminación.
La norma convierte en delito menor en Arizona la presencia de una persona sin un permiso legal, lo que obliga a la Policía a pedir los papeles y detener a quienes sospeche que son indocumentados.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha dicho que la ley está "mal concebida", y ha alertado de que puede dar lugar a discriminación contra los inmigrantes.
Es un argumento con el coinciden los grupos de defensa de los derechos civiles, que sostienen que la norma hará que los agentes arresten a personas, en particular hispanas, simplemente por su apariencia o su acento.
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