En los recursos, la organización argumenta que el Real Decreto vulnera el derecho a la negociación colectiva, en tanto que suspende los acuerdos vigentes de forma unilateral y sin negociación previa. Además, explica que incumple la Ley de Presupuestos Generales de 2010, que no autoriza modificaciones mediante Decretos Ley, sino a través de proyectos de Ley.
Asimismo, CSI-CSIF reclama que la rebaja salarial aprobada va en contra del Estatuto Básico del Empleado Público y contra el derecho de igualdad por el agravio comparativo de trabajadores por cuenta ajena y los regulados por el Estatuto de los Trabajadores.
Por último, el sindicato alega un restricción injustificada de los derechos adquiridos que contraviene lo dispuesto por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la que se reconoce como tal la masa salarial consolidada.
En cuanto al escrito remitido a la Defensora del Pueblo, las alegaciones señalan además que el Real Decreto vulnera e III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, que la medida supone una "injustificada injerencia" en el derecho de la negociación colectiva y que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, tiene carácter "confiscatorio".
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