Escritos en libertad: El enloquecido despilfarro público

Hoy, 27 de octubre, concluye el plazo para que el fiscal se pronuncie sobre la existencia o no de culpa en el concurso de acreedores de la empresa Lagum Air, la experiencia aeronáutica leonesa que acabó en bancarrota. La calificación del fiscal resulta sumamente importante, porque pueden darse tres opciones: que valore que no concurren circunstancias dignas de tenerse en cuenta -, en definitiva, que pase del asunto- que considere que ha existido culpa por parte de los administradores o que, además, estime “gravedad” en la culpa.

La culpa simple, sin otro apéndice, permitiría calificar el concurso de “fortuito”, lo cual exonera a los administradores en el pago de los 13 millones de deuda con los que se cerró la compañía. Si, por el contrario, se estimara la concurrencia de gravedad en la culpa, los administradores podrían verse obligados a pagar  las deudas con su propio patrimonio. Pero es que, además, la culpabilidad se haría extensiva en este caso a las administraciones públicas y a los políticos, al haber sido cómplices, aunque sea por negligencia y no de forma deliberada, del resultado final de la compañía aérea, de su insolvencia.

Las administraciones públicas -léase Junta, Diputación y Ayuntamiento de León- aportaron 20 millones de euros, cantidad que únicamente sirvió para mantener, añadida la consabida deuda de trece millones, los vuelos durante tres años. Puede decirse que Lagun Air se mantenía en el aire,  nunca mejor dicho, gracias al dinero público, el cual era aportado de forma subrepticia en concepto de publicidad y promoción de productos de la tierra.  Una cifra que representaba las dos terceras partes de los recursos que “generaba” la sociedad.

Al margen de lo abultado de la cifra, que puede parecer más o menos grande a quien tenga conocimientos del sector, lo cierto es que hemos entrado en una competencia tal entre los diferentes aeropuertos, que resulta impensable que puedan mantenerse activos sin la aportación de los impuestos de los contribuyentes. Pero como diría un sesudo pensador en su afán por simplificar, es lo que hay.

Vivimos en un país subvencionado. Los contribuyentes podemos decidir si jugamos la partida, pero ni ponemos las cartas ni las reglas de juego. Y en esa lógica enloquecida los ciudadanos “exigimos” a los políticos que gasten nuestros impuestos en pagar sueldos, máquinas y sobornos si fuera preciso, con el fin de conseguir lo que otros tienen o pretenden empleando los mismos sistemas y criterios.

Las ayudas públicas se justifican a priori en la filosofía de impulsar iniciativas nuevas y con el horizonte de la rentabilidad pasado un tiempo. Pero no está ocurriendo así. La competencia instala en nuestro sistema económico la subvención crónica y al amparo de esa circunstancia los políticos utilizan el método como herramienta para mantenerse en el poder.

Así que estamos atrapados. Disponemos en León ya de un aeropuerto de los más modernos. Ahora hacen falta aviones que lo utilicen. Y no aterrizarán aquí si no sufragamos una parte de su coste. León reclama con justicia el mismo trato que reciben otros aeropuertos, incluso mayor -en la lógica de la discriminación positiva- hasta que el negocio “despegue”. Lo que  tampoco es aceptable es que ahora desde la demagogia más absurda algunos digan que la inversión realizada por el Gobierno central es un despilfarro. La incoherencia sería contar con unas instalaciones aeroportuarias tan importantes como las recientemente inauguradas y no ser capaces de ponernos en el nivel de otras ciudades de España, en algunos casos con menos habitantes y menor zona de influencia en lo que a población respecta.

De acuerdo, vivimos instalados en la trampa, pero únicamente nos puede liberar de ella un pacto sólido de igualdad. Una actitud que implica mayor dosis de generosidad a quien más posee.

Y mientras esta situación idílica no se dé, resultará difícil de entender que dirigentes políticos de León  aleguen que  la rigidez de la ley impide establecer acuerdos con las compañías aéreas para impulsar  más vuelos regulares. La ley es un comodín extraño para quien pretende jugar con las cartas marcadas. La proximidad de las elecciones es tiempo propicio para la proliferación de tahúres.

Fernando Aller. Periodista.