El primer extraditado

García Meza, cabecilla de una dictadura de 13 meses, entre el 17 de julio de 1980 y el 4 agosto de 1981, se encuentra recluido en el penal de alta seguridad de Chonchocoro, a 40 kilómetros de la ciudad de La Paz, en el altiplano boliviano.

Su caso, y no del ex presidente peruano Alberto Fujimori, fue el primero de un ex Jefe de Estado extraditado a su propio país en América Latina, gracias a una decisión tomada el 19 de octubre de 1994 por el Tribunal Supremo de Brasil, donde García Meza fue capturado siete meses antes.

Juan del Granado, actual alcalde de La Paz, fue el abogado que dirigió la acusación contra García Meza y uno de los impulsores de la extradición para convencer al tribunal de Brasil de que no era un caso de "persecución política" como aseguraba el acusado.

"Es el único caso en el que se logró una condena en Latinoamérica para un ex dictador y el único en el que se consiguió la extradición para que cumpla esa pena", dijo hoy Del Granado a Efe.

"No hay ningún caso de ex dictadores condenados, salvando el de los argentinos, pero que luego fueron absueltos", agregó.

Según la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) el caso de Fujimori, que hoy fue extraditado a Perú, es el primer antecedente histórico en el que un tribunal falla a favor de la extradición de un ex mandatario.

Sin embargo, la extradición de García Meza se produjo hace más de doce años, tras un proceso que en los tribunales brasileños duró siete meses y se concretó con la entrega a Bolivia del ex dictador el 15 de marzo de 1995.

Según Del Granado, la diferencia del caso de García Meza con el de Fujimori está en que el boliviano tenía sentencia condenatoria, mientras que el segundo será ahora enjuiciado en su país.

La extradición solicitada por las autoridades bolivianas fue concedida por el Tribunal Supremo de Brasil con el voto de diez de los once magistrados, número mínimo necesario para dictar el fallo.

Mientras se encontraba prófugo desde 1989, García Meza fue condenado en 1993 por la Corte Suprema de su país a la pena máxima de 30 años de prisión por nueve delitos, entre ellos sedición, asesinato, malversación y hurto de bienes del Estado.

El ex dictador ha sido internado varias veces en un hospital militar en los últimos meses por una dolencia cardíaca, aunque hace dos semanas obtuvo un permiso judicial para salir y fue visto cenando en un restaurante de lujo en la zona sur de La Paz