Asimismo ha señalado como imprescindibles la seguridad jurídica, el marco regulatorio o la existencia de reglas claras y uniformes, además de criticar que mientras que en Europa abogamos por el establecimiento de un mercado interior único transponiendo más de 300 directivas para armonizar todas las legislaciones, “en España por razón de protagonismos identitarios estemos fragmentando en temas fundamentales como distribución comercial, transportes, embalajes, o telecomunicaciones”, algo en lo que han incidido los diversos integrantes de la mesa.
Alternativas a la ruptura de la unidad del mercado
Se han sugerido tres modelos como alternativa a esta situación, o no hacer nada y dejar que sea la competencia entre comunidades la que establezca que las comunidades más liberales puedan tener más desarrollo económico; la reforma constitucional o la creación de mecanismos intermedios de cooperación “en el que por la vía del dialogo entre el Gobierno y las comunidades autónomas, se establecieran sistemas racionales de detectar las anomalías en el mercado y como se pueden corregir”.
Miguel Arias ha destacado que el PP aboga no por una reforma constitucional que devuelva toda las competencias regulatorias al Estado, sino por la puesta en marcha de un consejo interterritorial con una secretaría permanente que pueda servir de órgano de diálogo y de consenso. “Las empresas podrían así, trasladar a este órgano las anomalías que encuentran para su implantación en el territorio español”.
También ha explicado que cada legislación autonómica debería tener una memoria especial de unidad de mercado y que se ponga en marcha la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, que evalúe la eficacia y eficiencia de dichas políticas públicas.
I+D+I
Refiriéndose a los problemas de la investigación en España, Miguel Arias ha comentado, entre otros problemas, la enorme distancia que existe en nuestro país entre las universidades y las empresas, la falta de fondos de capital riesgo, la falta de incentivos para que jóvenes empresas aborden el tema de la investigación, la escasa protección a la propiedad intelectual en España, las enormes cifras de piratería que evitan que empresas extranjeras inviertan en propiedad intelectual en nuestro país o la necesidad de desarrollar conjuntamente la investigación pública y la privada.
Para los integrantes de esta mesa, la política gubernamental de inyectar dinero público para fomentar el I+D+I en centros públicos no es fundamental, “lo que es fundamental es la formación profesional, la universidad, el sistema educativo y que la universidad valore la innovación tecnológica y trabaje en vinculación con las empresas”.
Habría que reformar la universidad para que sea más competitiva entre sí, para que pudiera haber varios modelos de universidad, “algo que reclama el sector privado. En este sentido, ha recordado la fuga de investigadores españoles a universidades extranjeras y el escaso número de investigadores extranjeros que hay en nuestras universidades. “Se ha puesto de manifiesto por ello, que hace falta poner en marcha en España el Estatuto de la Joven Empresa Investigadora”, tal y como ya funciona en Francia, donde ha sido un éxito.
Por último Miguel Arias ha afirmado que se han expuesto muy buenas ideas durante el desarrollo de las mesas que se han llevado a cabo hasta el momento, “ideas que se van a incorporar casi en su totalidad al programa electoral del PP”.
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