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Por los hechos del 11 de enero

Manfred Reyes Villa y Alicia Muñoz a juicio

Manfred Reyes Villa y Alicia Muñoz a juicio

sábado 06 de octubre de 2007, 23:50h

El prefecto Manfred Reyes Villa, una ministra de Evo Morales y una ex ministra, además de dos parlamentarios que forman parte de la cúpula del MAS en Cochabamba, fueron identificados por el Ministerio Público como los principales impulsores de la violencia en los hechos del 11 de enero, con lo que se dio el segundo paso para el inicio de un juicio de responsabilidades.

El fiscal general, Mario Uribe, presentó ante la Suprema el requerimiento acusatorio en contra de la ex ministra de Gobierno, Alicia Muñoz; la ministra de Justicia, Celima Torrico; el prefecto Manfred Reyes Villa; los senadores Omar Fernández (MAS) y Leonilda Zurita (MAS) y el Diputado Arturo Murillo (UN).

A ellos, se suman los dirigentes de organizaciones civiles de Cochabamba, Julio Salazar, Víctor Mitma, Juan Carlos Chávez y René Rocabado, por su presunta responsabilidad en los enfrentamientos que acabaron con la muerte de dos personas.

El fiscal asignado, Orlando Riveros, precisó que la Fiscalía basó sus conclusiones en hechos como la quema del edificio y vehículos de la Prefectura valluna, la conformación de un supuesto gobierno departamental a la cabeza de Tiburcio Herrada, posesionado como prefecto popular y, finalmente, la convocatoria de Reyes Villa, a otro referéndum sobre las autonomías departamentales, cuando uno similar se llevó a cabo el 2 de julio de 2006.

Reyes Villa no estaba ayer en Cochabamba, sin embargo, emitió un comunicado en el que señala que ´se acusa (al Prefecto) de haber convocado a un referéndum autonómico que, dicen, sería \'ilegal\'. Entonces, estamos en derecho de solicitar la evidencia en que la Fiscalía apoya esta sindicación. ¿Dónde está la materia justiciable? ¿Dónde está el cuerpo del delito?´

El enfrentamiento causó el deceso de dos personas, más de 200 heridos, pero esos hechos son investigados por la justicia de Cochabamba y no están en el proceso. ´No se incluyó la muerte del campesino Tica Colque y del universitario Cristian Uresti, porque este tema se encuentra en un proceso avanzado en la justicia de Cochabamba. No encontramos una conexión entre las muertes y las autoridades involucradas´, expresó Riveros.

La decisión se conoció luego de 4 meses de investigación y la acumulación de antecedentes. En total, se evaluaron 8 denuncias, tres de las cuales fueron proposiciones acusatorias y 5 denuncias derivadas de Cochabamba. Riveros explicó que en el caso de Muñoz y Reyes Villa se pedirá al Congreso que autorice el juicio, previo cumplimiento de procesos internos en la Suprema. Este medio no pudo contactarse con las autoridades del MAS involucradas. La Razón

   Los principales incriminados

Manfred Reyes Villa • El prefecto del departamento de Cochabamba es acusado por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, en su participación de los conflictos.

Alicia Muñoz Alá • En los enfrentamientos acontecidos en enero de este año, la ex ministra de Gobierno es acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y por el de negación de auxilio.

Celima Torrico Rojas • La actual Ministra de Justicia es acusada por los delitos de sedición, incendio y el de destrucción o deterioro de los bienes del Estado y de la riqueza nacional.

Leonilda Zurita Vargas • Se acusa a la senadora por los delitos de malversación, uso indebido de influencias, incendio, destrucción o deterioro de los bienes del Estado y de la riqueza nacional.

Omar Fernández Quiroga • Es imputado de sedición, instigación pública a delinquir, atentado contra la seguridad de los transportes, incendio y deterioro de los bienes del Estado y de la riqueza nacional.

Arturo Murillo Prijic • El diputado plurinominal de Unidad Nacional por Cochabamba es acusado por el delito de sedición en los diferentes enfrentamientos en esa ciudad en enero.

Víctor Mitma • Por delinquir, instigar de forma pública, por sedición, atentado contra la seguridad de los transportes, por incendio y destrucción o deterioro de los bienes del Estado.

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