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Pinochet y La Cueva de Alí Babá

Pinochet y La Cueva de Alí Babá

domingo 07 de octubre de 2007, 00:47h
Alí Babá es un personaje de ficción en la literatura árabe, uno de los cuentos en Las mil y una noches. Daniel López también lo es, pero no precisamente en las letras de la ficción, sino como seudónimo del Capitán General  en la escalada de triangulaciones y operaciones con caudales públicos que realizó involucrando a su esposa, a  sus hijos y a una cúpula de colaboradores, entre abogados y altos mandos militares, la mayoría de ellos retirados y dos miembros activos de las Fuerzas Armadas.

Todos, la viuda, los cinco hijos y unos 23 integrantes del círculo más cercano al extinto ex dictador Augusto Pinochet fueron detenidos y sometidos a proceso en un fallo de primera instancia el jueves 5 de octubre por el ministro en visita Carlos Cerda por malversación de al menos 20 millones de dólares, un caso destapado por el Senado norteamericano en 2004, cuando se investigaban las cuentas de presuntos terroristas en la banca norteamericana.

Se trata de los depósitos de Pinochet y sus colaboradores en las arcas del banco estadounidense Riggs, correspondientes a dineros destinados a gastos reservados de la Presidencia, la Casa Militar y la Comandancia en Jefe del Ejército, desviados a cuentas a través de una intrincada madeja, que fue desmenuzada  primero por las autoridades norteamericanas y luego por la investigación judicial en Chile, cuyos resultados, aunque esperados, han impactado a la opinión pública.

Es que para la mayoría era impensable (tras la impunidad en que falleció Pinochet en diciembre de 2006) que uno a uno fueran capturados en la calle, en sus casas u oficinas y trasladados a celdas de prisiones comunes (con algunas deferencias, claro) o a centros hospitalarios -en el menor de los casos- la viuda del Capitán General, Lucía Hiriart Rodríguez de Pinochet (83). Asimismo sus hijos e hijas Lucía (63), Augusto (62), Verónica (59), Marco Antonio, (50) y Jacqueline (48). También seis generales, un brigadier y dos coroneles retirados, y dos coroneles activos, además de tres abogados, una ex secretaria, un contador y un ex cónsul. 

La mayoría de los procesados ya figuraban en los antecedentes recabados por el Senado norteamericano. La primera cuenta con que operó mediante triangulaciones el fallecido dictador se abrió en Miami  en noviembre de 1981 –operación efectuada por el general retirado Jorge Ballerino (alias John Long)- y uno de los últimos movimientos fue el cierre de otra cuenta de más de cien existentes, operación que registró el Senado estadounidense en abril de 2004.

Es decir, la malversación fue continua durante la dictadura (1973-1990) y prosiguió bajo tres gobiernos democráticos de la Concertación, operaciones amparadas por un indiscutible poder fáctico que se prolongó en el tiempo.

Esta investigación, la del caso Riggs, tal vez revela solamente  la punta del iceberg o lo que se ve a la entrada de La cueva de Alí Babá.

Ya la periodista, escritora e investigadora  María Olivia Monckerberg había puesto el ojo en la mira con su libro “El Saqueo” de los grupos económicos al Estado Chileno bajo el régimen castrense, a través de políticas de privatizaciones de empresas vitales en las cuales algunos de los favorecidos fueron  personajes estrechamente ligados al círculo de Pinochet.  La escritora no descartaba en entrevista con “El Periodista” la eventual vinculación de algunas de esas privatizaciones con el caso Riggs.

La misma investigadora, autora también de “El Imperio del Opus Dei”, lanzaría posteriormente el libro  "La privatización de la universidades: una historia de dinero, poder e influencias", un negocio en el que participan igualmente no pocos cercanos a la dictadura como socios y directivos y que hoy es uno de los mayores perjuicios para la calidad de la educación en Chile.

De hecho, se ventila en estos días en el “mercado” chileno de la educación superior la invención de carreras en Criminología y Peritaje para un mercado laboral inexistente, con una danza de miles de millones en pingües ganancias y unos  40 mil jóvenes estudiantes perjudicados en sus recursos económicos y en sus expectativas de vida.

El caso Rigg se inserta en algo más que triangulaciones para apoderarse de recursos del Estado, sino tal vez en uno de los casos concatenados de mayor corrupción conocido en Chile.

La decisión del juez Carlos Cerda no dejó indiferente a nadie. Parlamentarios de la Concertación entonaron el himno nacional en el Congreso; para víctimas de violaciones de los derechos humanos, que celebraron el acontecimiento en las calles, se hace justicia;  para opositores y los propios implicados se trata de una persecución política o maniobras para tapar situaciones económicas y sociales desfavorables para el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y que se reflejan negativamente en las encuestas.

Para Bachelet es simple y trascendentalmente un hecho que revela que en Chile hoy nadie está por sobre la justicia.

Carlos Cerda, juez que se atrevió a rechazar bajo la dictadura la aplicación de amnistía para involucrados en violaciones de derechos humanos, es claro y transparente en su fallo, apoyado en una prolija y documentada investigación  y dictado con una responsabilidad a toda prueba. También ha sido blanco de críticas y se le impugna el fallo mediante descalificaciones.

El sábado Cerda viajó a Estados Unidos para ser galardonado por su trayectoria en defensa de los derechos humanos. Poco antes decidió la suerte inmediata (libertad bajo fianza, ratificada por la Corte de Apelaciones) de los procesados, sobre los que pesa hoy la amenaza de una condena de 10 a 15 años de presidio.

Los involucrados deberán transitar eventualmente por otras instancias. Esta última extraditó recientemente al ex presidente de Perú Alberto Fujimori, también por delitos económicos, además de violación a los derechos humanos. Es un elemento que se interpretó como un golpe de timón o vuelta de tuerca en la administración de justicia en Chile y  que estaría poniendo freno contundente a la impunidad. Un precedente de peso  para el caso Riggs.

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Manuel Villar Burchard
Periodista
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