Batasuna intenta dar la vuelta a la 'tortilla': dice que es el Gobierno quien burla la Ley penitenciaria respecto a ETA

 En un comunicado, Ugarteburu se ha referido de esta forma al hecho de que Instituciones Penitenciarias haya contestado negativamente a los centenares de cartas que presos de ETA enviaron a los directores de sus prisiones pidiendo beneficios como la excarcelación o el acercamiento a prisiones del País Vasco o Navarra, según adelantó este domingo. Estas misivas se enmarcaban en una campaña de presión del Colectivo de presos y en ninguna de ellas se pedía perdón a las víctimas o se manifestaba ruptura alguna con ETA.

   La representante de la izquierda abertzale ha recordado que los presos pidieron, "por un lado, su traslado a prisiones de Euskal Herria, y por otro, la puesta en libertad de sus compañeros enfermos y de las que han cumplido ya las tres cuartas partes de su condena".

   Tras señalar que el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha señalado que haber cursado esas peticiones constituye "una burla a las leyes", ha destacado que, en opinión de la izquierda abertzale, "es el propio Gobierno español el que lleva décadas burlando su propia legislación penitenciaria, aplicando a los presos políticas vascas medidas de absoluta excepcionalidad, de manera colectiva y permanente".

"La dispersión no tiene sustento legal"

   Para Maribi Ugarteburu, "la dispersión o el hecho de mantener en prisión personas enfermas, no tienen ningún sustento legal en la propia legislación penitenciaria española". Asimismo, ha apuntado que "el alargamiento de las condenas constituye una medida de excepción que sólo se aplica a los presos políticos vascos".

   Por ello, ha subrayado que "aferrarse a la excusa de la supuesta legalidad, por un lado, tiene una base jurídicamente fraudulenta, y por otro lado, políticamente, intentar escudarse en la supuesta legalidad para evitar dar pasos, no evidencia más que un intento por aferrarse a la trinchera de las no soluciones".

   "Hoy por hoy, mantener esas medidas de excepción contra los presos y presas políticas vascas, supone una grave vulneración de derechos humanos. De hecho, a día de hoy, constituye la más grave vulneración de derechos que se está ejerciendo contra ciudadanos y ciudadanas vascas", ha aseverado.

   Por ello, ha apostado por "cambiar de raíz la situación en las cárceles" porque "permitiría avanzar en el camino de la normalización política y democrática, imprescindible para generar un clima que  permita abordar un dialogo político resolutivo".

   "Y, en esa dirección, un primer paso de urgencia debería ser la aplicación de la legislación penitenciaria ordinaria a los presos y políticos vascos, dejando de lado las medidas de excepción. En ese sentido, lanzamos al gobierno del PP un llamamiento a que actúe con responsabilidad política", ha concluido.

Herreria: "El rechazo a los acercamientos no contribuye a la paz"

   En la misma línea, el movimiento ciudadano en favor de los derechos de los presos y exiliados de ETA, Herrira, ha considerado que el rechazo del Ministerio del Interior a acercar a presos de ETA, al no mostrar arrepentimiento "no contribuye al proceso de paz, dando pasos a favor de una solución verdadera y procurando derechos y beneficios para todos", sino que el Gobierno "busca sus propios logros y beneficios manteniendo una posición inmovilista".

   En un comunicado, Herrira ha afirmado que la respuesta negativa del Gobierno español "conlleva seguir vulnerando los derechos fundamentales de los presos" y "va en contra del deseo y opinión mayoritaria de la sociedad vasca, ya que la mayoría exige que los derechos de los presos sean respetados".

   A su juicio, esta postura "demuestra que la política que se aplica al colectivo de presos sigue basada en la venganza y el chantaje", así como que "sigue en parámetros del pasado, dificultando dar pasos en clave de solución".

   Tras insistir en que los argumentos que utiliza el Gobierno "no corresponden a la realidad", Herrira ha advertido de que "para superar la situación de los presos son necesarios movimientos por parte del Gobierno con cambios sustanciales" porque "corresponde actuar con la responsabilidad que requiere la situación".

   Denuncia que el Gobierno le corresponde "poner en favor de un proceso de paz todos los medios, leyes y medidas", pero, según ha criticado, "hoy en día hace lo contrario, aplicar leyes de excepción utilizándolas para hacer diferencia entre vencedores y vencidos".



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