El juez José Castro, que instruye el 'caso Nóos',
considera que existen "sobrados indicios" de que el Duque de Palma
siguió vinculado al Instituto Nóos después de marzo de 2006, cuando el
Rey le ordenó que dejara a un lado sus actividades en la entidad. "Todo
apunta a que tal desvinculación no se produjo", según un auto del juez
que pone en duda las explicaciones de Urdangarin en el sentido de que su
papel era meramente institucional y que era su socio, Diego Torres,
quien tomaba las decisiones.
Según el texto, "no acaba de convencer el argumento de que sus funciones sólo eran en materia estrictamente deportiva y sin conexión alguna con la gerencia". El juez recuerda que "innumerables testigos" han explicado a la policía que "Urdangarin siempre estuvo detrás de todo el entramado societario, antes y después de esa fecha, unas declaraciones que le situarían "al mismo nivel" que Torres, algo que también avalaría "la documentación intervenida.
La Fiscalía Anticorrupción está estudiando la posibilidad de solicitar una fianza de dos millones de euros para el Duque de Palma. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach tomarán una decisión una vez que la Agencia Tributaria aporte el informe que solicitó el juez instructor, José Castro, en torno a los ingresos percibidos por Urdangarin, que ayudará a cuantificar el dinero presuntamente defraudado a través de su entidad sin ánimo de lucro, aunque la decisión final corresponde al juez.
Por ahora, los investigadores apuntan que Urdagarin y su exsocio Diego Torres
encabezaron una trama a través de la cual se habrían apoderado de 5,8
millones de los fondos públicos que percibió Nóos. En concreto, falsedad
documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de
caudales públicos son los delitos que se indagan en este fleco del caso
Palma Arena, uno de los 26 que componen este complejo procedimiento
judicial.
Las acusaciones consideran a ambos encausados
responsables de urdir un entramado societario cuando los dos estaban al
frente de Nóos con el fin de hacerse con los fondos públicos y privados
que recibía la entidad. Para ello, fijaban precios totalmente
desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y
posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado
societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos
de empresas controladas por los dos imputados.
Todo ello a través
de mercantiles de las que eran propietarios y administradores: Nóos
Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es
copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu,
Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management,
empresas que centran el foco de atención de las investigaciones junto al
propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Gobierno
balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que
de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.
Estructura para desviar dinero al extranjero
Es
más, la documentación intervenida en los registros practicados en esta
causa recoge asimismo apuntes manuscritos sobre una supuesta estructura
fiduciaria para desviar dinero al extranjero, concretamente a Belice y
Reino Unido, y donde jugaba un papel fundamental la sociedad De Goes
Center for Stakeholder Management así como la figura del abogado experto
en fiscalidad internacional Salvador Trinxet. Sobre este punto,
la Fiscalía identifica que se transfirieron fondos 'invisibles' o de
destino desconocido a Inglaterra por valor de 420.000 euros.
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