El ministro del Interior llamó al dueño de la finca ocupada por los sindicalistas para que lo denunciara

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró este jueves que la ocupación de la finca por el líder del SAT, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y otros jornaleros, fue una "patochada con una absolutamente connivencia" del propietario de la misma. Fernández Díaz asegura que pidió que se contactara con el propietario de la finca para saber si este estaba de acuerdo con que los jornaleros estuvieran allí, porque no había presentado denuncia y finalmente le instaron a presentarla ya que de lo contrario la Guardia Civil no podía proceder al desalojo.
   En este sentido, el ministro explicó también que siete horas después, el propietario presentó una denuncia y lo hizo por el presunto daño que se había producido al cortar unos alambres al entrar.
   Según el ministro, "la opinión pública tiene derecho a saber la verdad". "Si hay una connivencia, que se sepa", exclamó y añadió que "no se juegue con el Estado de Derecho, con la imagen de España, ni con la Guardia Civil o la Policía".

   A pesar de la llamada solicitada por el titular de Interior, el propietario de la finca descartó presentar una denuncia. No lo hizo hasta última hora del martes. Las mismas fuentes consultadas añaden que desde el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se sospecha de que los dueños de algunas fincas andaluzas puedan haber pactado las ocupaciones previamente con el SAT.

   Sánchez Gordillo ha acusado este jueves al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de presionar al propietario del Palacio de Moratalla para que denunciara la ocupación. "Nos enteramos ayer por la tarde, por una información muy directa, que fue el ministro del Interior el que instó a la propiedad para que denunciara, con la amenaza o la presión de que si no denunciaba retiraría a la Guardia Civil", ha asegurado Gordillo en declaraciones a la Sexta.

   Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, que "lógicamente se le comunicó que si no iba a denunciar, se le retiraba el dispositivo de la Guardia Civil de allí", pues, "no tenía sentido tener allí a un número importante de agentes de la Guardia Civil si él no iba a denunciar y estaba de acuerdo en que hubieran ocupado su propiedad". No obstante, ha descartado "cualquier tipo de presión" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejecutivo.

La Guardia Civil investiga

   La Guardia Civil ya ha abierto una investigación para conocer las razones por las cuales el dueño de la finca cordobesa ocupada este martes por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) tardó tanto en denunciar el asalto y, pese a la tardanza, por qué la jueza, al tener conocimiento de estos hechos, no actuó para evitar la ocupación, informaron fuentes de la investigación.

   Estas mismas fuentes explican que estos dos factores impidieron a la Guardia Civil desalojar el Palacio de Moratalla, en Hornachuelos (Córdoba). Los miembros del SAT encabezados por el alcalde de Marinaleda se personaron en la finca en torno a las 12.30 del martes, pero no fue hasta a última hora cuando el dueño del lugar decidió denunciar los hechos tras declinar esta opción durante toda la jornada.

   Sin embargo, cuando acudió al juzgado y presentó la denuncia, la jueza no instó a la Guardia Civil a que acudiese a la zona para llevar a cabo el desalojo. Las mismas fuentes consultadas recuerdan que la Guardia Civil no puede desalojar en una propiedad privada si no es con un auto judicial que se lo permita.

   Finalmente, los miembros del SAT abandonaron por su propio pie pasadas las 8,00 horas del miércoles el Palacio de Moratalla tras pasar allí todo el día del martes y la noche.


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