La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Banco de España que actúe en defensa de los consumidores y recomiende a las entidades financieras la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulas las "cláusulas suelo".
Becerril ha hecho esta petición después de que esta semana, el
Tribunal Supremo dictara un auto aclaratorio sobre la sentencia que
emitió el pasado 9 de mayo, en el que aseguraba que las cláusulas suelo
son nulas incluso si el cliente se benefició "durante un tiempo" de
caídas en el euríbor.
El órgano judicial emitió este auto después de que BBVA,
Novacaixagalicia y Cajamar pidieran una aclaración sobre la sentencia
del pasado 9 de mayo que declaraba la nulidad de estas cláusulas en los
casos en los que se produzca una falta de transparencia.
Tras la publicación del auto, BBVA, Novacaixagalicia y Cajamar ya han
anunciado que retirarán las cláusulas suelo de sus hipotecas y de forma
retroactiva desde el 9 de mayo de 2013, cuando se publicó la sentencia.
El BBVA ha explicado que esta decisión supondrá para la entidad dejar
de ganar unos 35 millones de euros sólo en julio, aunque el impacto de
la medida en el conjunto del sistema financiero podría alcanzar hasta
unos 1.200 millones de euros, según los cálculos de algunos analistas.
Por su parte, otras entidades como Santander y Bankinter han
recordado que sus hipotecas no tienen cláusulas suelo, mientras que el
Sabadell ha anunciado que las mantendrá al ser transparentes.
El Banco Popular también aclaró ayer que sus hipotecas no están
afectadas por la sentencia por lo que la entidad no tiene la obligación
de retirar las cláusulas suelo.
La defensora del Pueblo ha explicado que ha formulado una petición de
recomendación al Banco de España "para evitar la incertidumbre" que la
sentencia puede causar en muchos clientes, "que no saben a qué atenerse
ni cómo defender sus derechos e intereses".
Según ha recordado en un comunicado enviado hoy, el Defensor del
Pueblo ha recibido en los últimos años numerosas quejas presentadas por
ciudadanos sobre la inclusión en los contratos de préstamos hipotecarios
de la llamada "cláusula suelo".
Por este motivo, en marzo de 2010 ya planteó al Banco de España y a
la Secretaría de Estado de Economía la necesidad de realizar alguna
actuación para proteger a los consumidores, sobre todo cuando ya
existían pronunciamientos judiciales que declaraban abusivas las
cláusulas suelo.
La Secretaría de Estado dictó una Orden sobre transparencia que, en
opinión del Defensor del Pueblo, mejoró la situación pero no corrigió
las dudas suscitadas en torno a las consecuencias de aplicación de estas
cláusulas.
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