El penúltimo guateque

Todos hemos oído en alguna ocasión comentar a un familiar, amigo o conocido la historia de aquel que fue a pedir una licencia a un ayuntamiento y se encontró con la disyuntiva de pagar por ella o esperar eternamente. Y si alguno no la había escuchado, seguro que en esta última semana le ha llegado algún caso. “No hay nada nuevo bajo el sol”, decían los latinos. Y la corrupción no es, desde luego, algo nuevo, para desgracia del género humano que no parece terminar de aprender nunca.

Ahora que se cumple una semana de la puesta en marcha de la Operación Guateque, y que no han terminado ni el goteo de detenidos ni la amenaza de nuevos registros, cabe preguntarse si no es ya momento de plantear soluciones de cara al futuro. ¿O va a pasar como siempre, y todo va a mantenerse tal cual está, hasta que caigan los siguientes?

En mi experiencia como periodista local, he visto cuatro alcaldes en ejercicio, y otras tantas oposiciones. Y he sido testigo de casos muy parecidos al que ahora está intentando desentrañar el juez Torres. En ocasiones, tras las corruptelas estaban funcionarios; en otras, eran concejales los que hacían –algunos, incluso en la oposición, perdieron su puesto por ello-, o los que dejaban hacer: en este caso, tan grave es lo uno como lo otro.

¿Quién es responsable? Sin duda, el que pide dinero por algo por lo que ya está cobrando: en su sueldo. Pero también los que sabiéndolo, no han advertido a nadie. Y quienes, habiendo recibido los avisos, optaron por desviar la mirada. E incluso aquellas altas instancias a las que llegaron denuncias pero no tuvieron el interés, las ganas o la honradez de investigarlas.

Dicen que era difícil detectar anomalías, cuando en muchas ocasiones la diferencia entre pagar o no hacerlo se resumía en ver un expediente concreto el primero de la fila o metido en un cajón durante años. Esto posiblemente es cierto, pero lo es gracias a un sistema que permite que haya licencias esperando durante años antes de resolverse en uno u otro sentido.

Hace dos años, se redactó y puso en marcha una nueva ordenanza con el fin de reducir plazos y acortar tiempos de espera: se decía, en su propaganda, que se pasaría de una media de 800 días para la concesión del permiso, a únicamente 60. La normativa entró en vigor, pero a la vista de lo leído y escuchado estos días en torno a la Operación Guateque, no tengo muy claros sus resultados prácticos. ¿De verdad se agilizaron las licencias? ¿O conseguirlo es más complejo de lo que parece?

Sea como sea, e independientemente del castigo que la justicia imponga a quienes considere responsables de estas acciones, hay que dar una respuesta política, e imponer controles donde no los había, o donde de haberlos no han sido eficaces. Para que este pueda ser, de verdad, el último guateque para los golfos de todos los pelajes Y no sólo el penúltimo…