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Mas carga contra Interior y culpa a Fernández Díaz del registro de CDC: "Ya no creo en según qué casualidades"

miércoles 02 de septiembre de 2015, 19:30h

Lo que tenía que ser un mitin a favor de las elecciones del 27S se convirtió en un examen a la corrupción de Convergència. Artur Mas negó que CDC se haya financiado irregularmente con comisiones de constructoras y apuntó el ministro de Interior, Jorge Fernández, como el inspirador del registro de la sede de la formación que él mismo preside. “El Ministerio de Interior actúa de forma chapucera en servicios espúrios”, afirmó el presidente de la Generalitat.

Mas carga contra Interior y culpa a Fernández Díaz del registro de CDC: 'Ya no creo en según qué casualidades'

En una comparecencia en el Parlament de casi seis horas, Mas tuvo que escuchar como todos los partidos de la oposición le reclamaban explicaciones por el registro de la fundación CatDem y la misma sede central de CDC el pasado viernes. El presidente de la Generalitat había pedido una comparecencia para explicar las razones de la convocatoria electoral. Era la primera vez que un president iba al Parlament a dar esta opinión. Pero tras el registro judicial, Mas se vio obligado a responder a las cuestiones de la oposición. El líder de CDC esgrimió que él siempre da explicaciones y apuntó a una operación dirigida por el ministro de Interior para intentar obtener “rédito electoral” y se quejó de que algunos medios de comunicación supieran desde la noche anterior de la actuación judicial, así como que se haya filtrado un documento bajo secreto de sumario, como las cuentas de Jordi Sumarroca, gerente de la empresa Teyco, del 3% de unas obras en cinco ayuntamientos catalanes.

Mas aseguró que CDC facilitó el pasado viernes toda la contabilidad de CatDem a la Guardia Civil, así como negó que la “famosa carpeta” tuviera relación con el caso, así como que la Guardia Civil encontró en la trituradora de papel “una tarjeta de visita” de Sumarroca, “porque había dos y se destruyo una de ellas”. En el relato de Mas de la presunta conspiración urdida por Jorge Fernández, aseguró que el “Ministerio de Interior no es precisamente ejemplar en sus buenas prácticas”. Para Mas, “las aportaciones de Teyco son legales y transparentes y no coinciden en ningún momento con el 3%”. Además, explicó que las obras investigadas por el juzgado del Vendrell formaban parte del Plan Zapatero y de acuerdo con este, los ayuntamientos debían dar la obra a la oferta más barata y todo el control administrativo era del Gobierno central.

En cuanto al aviso a los medios de comunicación, Mas se quejó de que se hubiera montado un “espectáculo, que puso en riesgo la misma operación”, y añadió que uno de los medios alertados dijo a un dirigente de CDC: “Mañana se organizará un pollo que os afecta”.

La oposición en pleno criticó que Mas y su partido, CDC, asegurara que la operación judicial era fruto de una “conspiración”. La portavoz de ERC, ahora socia de coalición en Junts pel Sí, se vio en el brete de criticar a Mas pero, a la vez, apoyarlo. Bajo la atenta mirada de Oriol Junqueras (quien se ausentó nada más terminar la intervención de Rovira), la dirigente de Esquerra aseguró que la corrupción le genera “indignación personal” y vaticinó que en una Cataluña independiente con Mas de presidente se podrá luchar contra la corrupción.

Miquel Iceta (PSC), por su parte, fue irónico al felicitar a Mas por su lucha contra la corrupción y le recordó al president, quien había alardeado de que Trasparencia Internacional da 100 puntos sobre 100 a la Generalitat, que este mismo organismo también daba la misma puntuación al Ayuntamiento de Sabadell, ahora bajo instrucción judicial por presuntos casos de corrupción urbanística. Iceta instó a Mas a que si en el futuro hay una sentencia judicial que afirma que CDC se ha financiado irregularmente, “usted tomará las medidas que le afectarán a usted mismo”, a lo que Mas accedió con la cabeza. El dirigente socialista recordó, como el resto de partidos de la oposición, el 3% de Pasqual Maragall, del que en octubre se cumplirá 10 años, y puso encima de la mesa el caso Palau, por el que está procesado el ex tesorero de CDC Daniel Osácar junto a 15 personas más, entre ellas Félix Millet.

Santi Rodríguez (PP), que actuó de portavoz ante la ausencia de Alicia Sánchez-Camacho, también puso en el debate el caso Palau y la confesión de Jordi Pujol. En una segunda intervención asumió los casos de corrupción que afectan al PP y para desmontar la teoría conspirativa convergente puso como ejemplo como la policía judicial registró el domicilio y el despacho del ex vicepresidente popular Rodrigo Rato. “El 3% es un hecho, así como el 4% en el caso del Palau de la Música”, afirmó Rodríguez.

Joan Herrera (ICV-EUiA), quizás en su último discurso como diputado autonómico, manifestó que “Convergència es igual que connivencia con la corrupción” y recordó los numerosos casos de corrupción que a lo largo de la historia han afectado a CDC. Incluso recordó como un juez sentenció, en su momento, que CDC se había financiado irregularmente en lo que se conoció como caso Casinos, pero no podía encausar a nadie porque en el momento de los hechos no era delito. Herrera aseguró a Mas que “usted se explica sin dar explicaciones” y desvinculó los registros al proceso independentista: “Es una casualidad que solo se registre a CDC, pero nunca ni a ERC, ni a ICV ni a las CUP”, afirmó el dirigente ecosocialista, quien recordó que tanto CiU como el PP se opusieron en el Congreso de los Diputados a prohibir que las empresas que contraten con la administración puedan hacer donaciones a las fundaciones ligadas a los partidos políticos. La ley de financiación de los partidos ya prohíbe que estas empresas adjudicatarias puedan hacer donaciones a los partidos.

Albert Rivera (Ciudadanos), que eclipsó a su candidata a la Generalitat, Inés Arrimadas, que asistió a todo el debate al lado de Rivera en silencio, también esgrimió los casos de corrupción de CDC y manifestó que “estamos ante el caso Convergència” ya que, según dijo, ahora CDC tiene abiertas seis investigaciones judiciales y un ex tesorero procesado por el desvió de 5,1 millones de euros de Ferrovial al Palau de la Música y de esta a CDC. Además, recordó, como otros portavoces, que Convergència tiene embargadas 15 de sus sedes como responsabilidad civil por el caso Palau. Reconoció que las donaciones pueden ser legales, tal y como esgrime CDC, pero dejó caer que “cuando hay vinculación ya es otra cosa”.

Para Convergència, todo se trata de una conspiracón urdida por los poderes del Estado para paralizar el proceso y su portavoz, Jordi Turull, afirmó que las donaciones “son legales y transparentes”.

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