Franco defiende ante la jueza del 8-M que "no había elementos para prohibir un derecho fundamental"

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha acudido este miércoles a los juzgados de Plaza Castilla a declarar como investigado por un delito de prevaricación por haber permitido las manifestaciones del 8-M. La jueza Carmen Rodríguez-Medel rechazó este martes el archivo de la causa, pese a las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, por lo que Franco ha respondido a las preguntas de la magistrada.

El caso, que ha generado un terremoto político y ha acaparado el foco mediático, se refiere a las manifestaciones convocadas por el Día de la Mujer en Madrid el pasado 8 de marzo, por su presunta relación con el aumento de los contagios por coronavirus y para dilucidar si el Ejecutivo así como el delegado del Gobierno tenían conocimiento del riesgo que suponía la asistencia a las concentraciones.

El delegado del Gobierno en Madrid ha llegado al juzgado minutos antes de su citación y entre gran presencia mediática, y casi dos horas después, ha comparecido ante los medios tras su declaración.

Tras explicar que "ni debía no podía hacer declaraciones antes por respeto al trabajo de la justicia", ha afirmado que su declaración "ha consistido en dejar perfectamente claro que la actuación de la Delegación del Gobierno en Madrid ha sido siempre con arreglo a la ley y a las noticias de los expertos sobre la evolución del coronavirus".

"Lamento profundamente que hoy no podamos estar hablando de la salida de la crisis (del coronavirus), y que tengamos que estar con este tema, pero en fin, me ha tocado esto", ha manifestado sobre su citación como investigado.

Sin revelar más detalles sobre su declaración ante la jueza Rodríguez-Medel, Franco ha defendido que no puede ser responsable de las manifestaciones del 8 de marzo.

"No puedo considerarme responsable del 8-M porque no había ningún elemento que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental, cuando se celebraban ese día otros eventos en Madrid que no tenían que ver con los derechos fundamentales. No está acreditado que el incremento de casos el 9 de marzo tuvieran que ver con las manifestaciones del día anterior. Se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que nos decían los expertos sanitarios que se podía hacer", ha aseverado.

Franco ha señalado que si bien las manifestaciones no se autorizan, podría haberse prohibido eventualmente la del 8-M, pero "no había ninguna recomendación que llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental".

El delegado del Gobierno en Madrid ha manifestado su disconformidad con los informes elaborados por la Guardia Civil. "Me gusta ser cauto, estamos en un proceso judicial y tengo mi opinión pero ahora no puedo manifestarla".

"Tengo un gran respeto por la Guardia Civil y la justicia y espera que la justicia haga su trabajo. Desde el respeto a la Guardia Civil, tengo que decir que no puedo estar de acuerdo con el informe que han hecho", ha zanjado.

La Abogacía del Estado criticó la imputación de Franco alegando, entre otras cosas, los errores, bulos y mentiras de los informes realizados por los agentes de la Guardia Civil sobre el impacto del 8-M en la evolución de la pandemia.

En la misma línea, la Fiscalía Provincial de Madrid presentó un recurso solicitando el archivo de la causa alegando que Franco no debía permitir esa manifestación, y que carece de competencias en materia sanitaria para prohibir por ese motivo la celebracón de la manifestación en la capital. Además, la Fiscalía argumenta que para cometerse prevaricación debería haber una decisión "arbitraria" y considera que el acusado no mantuvo esa actitud porque "no ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal".