Rocío Monasterio: "Si Ayuso cree de verdad en la libertad, no tendrá problemas en aceptar nuestras peticiones"

El Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva al Consejo de Gobierno este miércoles su Proyecto de Presupuestos para 2022 y no cuenta con el apoyo de Vox, su "socio preferente". En la formación que lidera en Madrid Rocio Monasterio, no hablan de "líneas rojas" pero sí de medidas concretas. Piden derogar las leyes Trans y LGTBI, la gratuidad educativa total (el tramo de 0 a 6 años, el Bachillerato en centros concertados y la FP) y la reducción del gasto político ineficaz, también denominado por Vox como "los chiringuitos". Las negociaciones entre ambos equipos ya comenzaron hace tres semanas y el margen temporal llega hasta diciembre para conseguir a un acuerdo, vía enmiendas. Según la portavoz de Vox, su partido no "juega al politiqueo" y lucharán hasta el final para conseguir sus objetivos en unas cuentas ideadas para dejar atrás los efectos de la pandemia en Madrid.

Para que Vox ofrezca sus votos, Isabel Díaz Ayuso debe aceptar cambios “en lo ideológico y en lo presupuestario”. ¿Creen que el Ejecutivo cederá lo suficiente?

Si la señora Díaz Ayuso cree de verdad en la libertad, no tendrá ningún problema en aceptar muchas de nuestras peticiones. Además, el líder de su partido, el señor Casado, se ha comprometido a derogar todas las leyes ideológicas de la izquierda. En Vox se lo ponemos fácil. Les facilitamos el camino para que se empiece en la Comunidad de Madrid con la derogación de las leyes LGTBI que vulneran la presunción de inocencia, invierten la carga de la prueba y permiten que se sancione a profesores en los colegios, por ejemplo, por hablar de una familia tradicional o por explicar sexualidad basándose en hechos biológicos y no bajo la doctrina de la ideología de género.

¿Cómo se encuentran las negociaciones?

Se están produciendo de forma paralela en 3 ámbitos. Por un lado, la negociación presupuestaria, donde exigimos una bajada de impuestos y una reducción de 'grasa' del sistema, de gasto político superfluo, de una Administración sobredimensionada donde sobran diputados, altos cargos, chiringuitos y organismos duplicados. De ahí se pueden obtener recursos suficientes, por ejemplo, para sufragar la gratuidad de la Educación, que no alcanzaría los 400 millones de euros.

El Partido Popular ya ha señalado que les valdría la abstención de cuatro diputados para sus Presupuestos. ¿Lo ven posible?

El Partido Popular, si quiere los votos de Vox, tendrá que respetar a nuestros votantes. Nosotros no jugamos al politiqueo, estamos aquí para mejorar la vida de los españoles y para eso luchamos y seguimos negociando. Si creen que les vale con el voto de cuatro diputados de Vox, que prueben primero con sus diputados y dejen voto libre con la gratuidad de educación y la ley de igualdad que hemos presentado. Igual se sorprenderían.

¿Estarían dispuestos a aceptar una modificación de las leyes LGTBI y Trans en vez de su derogación? Si el PP no quiere cambiar el artículo sobre la inversión de la carga de la prueba, ¿lo aceptarían?

Nosotros hemos presentado una Ley de Igualdad donde se incluye la derogación de la ley de Identidad de Género y de la ley contra la LGTBIfobia que atentan contra la presunción de inocencia y vulneran el sistema jurídico al invertir la carga de la prueba. No se puede admitir que sea el acusado quien tiene que demostrar su inocencia y no al revés.

Pienso que nadie que respete la Constitución española puede estar en contra de la ley de igualdad que hemos presentado. Ahora bien, en una negociación se trata de acercar posturas entre ambas partes y tendremos que ver hasta dónde está dispuesto a llegar el PP. Si de verdad respetan la Constitución y quieren revertir las leyes totalitarias de la izquierda, derogar estas leyes no debería ser un obstáculo para ellos.

De nuevo sobre estas leyes, el PP ha asegurado que “cumplen una función de protección a un colectivo vulnerable” y que “son buenas”. ¿Cree que en el Partido Popular conocen el articulado de estas normas, teniendo en cuenta que la propia presidenta asumió en septiembre que eran “mejorables”?

Es que muchos en el PP no se habían ni leído su propia ley. Ahora por lo menos hemos conseguido que se lean sus propias leyes y parece que por fin han descubierto que las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid atentan contra la presunción de inocencia y que son inaceptables e, incluso, anticonstitucionales.

Por cierto, ese es otro de los motivos por los que queremos reducir el número de diputados. No se puede consentir que los españoles paguen con sus impuestos los sueldos de 136 diputados que, muchos de ellos, ni se leen las iniciativas. Cumplen órdenes: llegan, votan lo que les piden y se van. Con la mitad, nos sobran.

Sobre la gratuidad educativa, portavoces como Alfonso Serrano han llegado a decir que “es difícil conseguir un acuerdo cuando quién propone hace una revisión de costes muy alejada de la realidad”. ¿Creen que es inasumible la gratuidad total de la Educación por la Comunidad de Madrid?

Por supuesto que no es inasumible. Según nuestros cálculos, la gratuidad de la Educación en Infantil 0-3 años, Bachillerato y FP tendría un coste inferior a 400 millones de euros. Un dinero que se puede sacar reduciendo chiringuitos, organismos duplicados o eliminando alquileres de edificios que no nos hacen falta para nada. Insisto, en vez de dedicar 700 millones de euros a reducir ratios, sería mucho más beneficioso para las familias destinar esos recursos a la gratuidad de la Educación.

No podemos pedirle a una pareja que tenga más hijos si tiene que destinar 500 euros a la guardería del que ya tiene. Así ni se fomenta la natalidad, ni la conciliación ni se acaba con lo que las feministas llaman la brecha de género que no es otra que la brecha maternal. Queremos la gratuidad y creemos que no solo es asumible, sino que es indispensable, no para VOX, sino para las familias madrileñas.

¿Podrían aceptar que la gratuidad educativa se aplique de forma parcial? Por ejemplo, ¿que acepten la gratuidad de 0 a 6 pero no en el Bachillerato en centros concertados?

En los Presupuestos hay que invertir en Sanidad, Emergencia social y Educación. Eso es lo que mejora la vida de la gente. Ahora mismo no estamos para arcos verdes y sendas de bicicletas. Que están muy bien, que nos encantan, pero no hay recursos para todo. Ahora mismo las prioridades tienen que ser otras y los recursos para todo eso se pueden conseguir reduciendo gasto superfluo.

¿Puede poner un ejemplo de las entidades públicas que suponen un gasto político ineficaz, o como ustedes lo llaman, los chiringuitos? ¿Esta reivindicación forma parte de las negociaciones de los Presupuestos?

No se pueden reducir impuestos sin reducir gasto y por supuesto que eso forma parte de las negociaciones. Algunos ejemplos de organismos prescindibles cuyos recursos estarían mejor invertidos en la gratuidad de la educación son: la Dirección General de Juventud (12,6 millones), la Dirección General de Igualdad (27,8 millones), Madrid, Cultura y Turismo (casi 9 millones), la Fundación para la Energía (5 millones) o la Cámara de Cuentas (7,8 millones) que perfectamente podría estar integrada en el Tribunal de Cuentas, entre otros.

Solo con estas y otros órganos ya hay casi 70 millones de euros que podríamos invertir en cosas más útiles como la gratuidad educativa. Si a eso le sumamos algunos errores de forma que hemos encontrado en los Presupuestos, con partidas duplicadas de hasta 100 millones de euros ya tendríamos, por ejemplo, para la Educación Infantil de cero a tres años, que ascendería a 119 millones de euros. O la de Bachillerato, que ascendería a 137 millones. O la de FP, de 126 millones de euros. Hacer gratuitas las etapas educativas que aún no lo son, insisto, supone una inversión de unos 380 millones de euros. Y son fáciles de obtener.