La Comisión de Ciencia y Universidades del Congreso ha aprobado la Ley de Convivencia Universitaria, que deroga la norma franquista vigente desde 1954, y "establece un marco común para la resolución de conflictos con un enfoque democrático". El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos han recabado el apoyo del PNV, ERC y Teruel Existe, mientras que se han posicionado en contra el PP, Cs y Vox.
Esta mañana, en la sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, se ha aprobado con competencia legislativa plena el informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria presentado por el Ministerio de Universidades, que dirige Manuel Castells.
Esta norma deroga el Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional que permanecía vigente, en clara contradicción con los principios democráticos de nuestra sociedad actual.
La nueva ley sienta las bases para reformular el marco de convivencia universitaria haciendo énfasis en el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales y garantizando la igualdad, y serán las comunidades y las universidades quienes desarrollen sus planes, ya que todos los centros están obligados a tener normas de convivencia, que incorporen mecanismos de mediación como vía preferente para la resolución de los conflictos, así como medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la discriminación o el acoso.
Las universidades deberán crear una Comisión de Convivencia, que tendrá que ser paritaria y estará constituida por representantes del estudiantado, del personal docente e investigador, y del personal de administración y servicios.
La Ley de Convivencia Universitaria define un nuevo sistema de faltas y sanciones para el estudiantado, con las máximas garantías y la posibilidad de sustituir las sanciones, en determinados casos, por medidas de carácter educativo o recuperador, poniendo así el acento en los valores propios del ámbito universitario.
El nuevo texto sanciona como falta muy grave las novatadas, así como cualquier "conducta o actuación vejatoria, física o psicológica", y se considera una sanción grave el plagio, así como la destucción de documentos académicos, o los 'escraches' ante actos universitarios.
"Esta Ley instaura un nuevo marco para la convivencia universitaria, en consonancia con los principios democráticos, y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y libertades básicas, entre ellas la de manifestación, reunión, asociación y huelga, del conjunto de estamentos de la comunidad universitaria", ha manifestado el Gobierno.
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