Pulso entre Almeida y Carromero por la última palabra en la comisión del espionaje

La comisión que investiga el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso alcanza este lunes su jornada final envuelta en suspense. El 'mérito' debe concederse al dimitido Ángel Carromero, cuya presencia se mantiene como incógnita.

Rehusó su primera citación alegando problemas de agenda, pero no pudo ocultar su afán por declarar después del alcalde. Una estrategia para robarle la última palabra que José Luis Martínez-Almeida ha tratado de neutralizar retrasando la fijación de la hora de su comparecencia primero y después colocándola a las 16:00 horas. Un pulso entre dos viejos amigos por imponer una versión de los hechos que el otro no tenga opciones de rebatir.

El exdirector general de la Alcaldía se borró del mapa horas después de ser señalado como el 'fontanero' de la supuesta operación pergeñada por la cúpula del PP para espiar a la familia de la presidenta de la Comunidad empleando recursos del Ayuntamiento de Madrid. Su cese voluntario, nunca corroborado por el protagonista, se justificó en su intención de defenderse, y el turno para exculparse podría llegar hoy. Adujo incompatibilidad de horarios para no acudir a la segunda sesión de la comisión a la que fue llamado, pero la semana pasada ofreció a la presidencia su disponibilidad el 9 de mayo, coincidiendo con la convocatoria de Almeida. Por el momento, sigue sin confirmar asistencia.

La izquierda se desvivió en la Junta de Portavoces por adaptarse a las exigencias de la pieza clave del caso y denunciaron trabas por parte del Partido Popular. Miguel Montejo, edil de Más Madrid, deslizó que los 'populares' habían "hecho hincapié" en que el alcalde debía hablar después de Carromero y la socialista Mar Espinar pidió que se facilitara a este comparecer "cuando mejor le convenga". El concejal del PP José Fernández negó haber obstaculizado la participación de quien fuera hombre de confianza del regidor en Cibeles. "No hay antecedentes" de citar por segunda vez, argumentó. En la lista de comparecientes que solicitó el equipo de Almeida figuraba Ángel Carromero, pero no se han prodigado esfuerzos para animarlo a personarse

Casi dos meses depués de su renuncia, el exdirector general de Coordinación de la Alcaldía se ha desligado por completo del PP. Abandonó su cargo de presidente del Comité Electoral y del distrito de Chamartín. Incluso abandonó la militancia del partido que lo rescató por mediación de Esperanza Aguirre de la cárcel de Cuba donde cumplía condena en 2012 por homicidio imprudente. Pese a su escasa experiencia laboral al margen de la política no tardó en encontrar trabajo en la Fundación Marqués de Oliva, presidida por Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, consejero delegado del medio Moncloa.com, del que fue director el exjefe de prensa del alcalde Joaquín Vidal.

Precisamente, Vidal forma parte del grupo de personas al que la presidencia de la comisión ha dado una segunda oportunidad de acudir tras declinar la primera. El nuevo llamamiento se ha enviado a Isabel Díaz Ayuso, al exjefe de Comunicación de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), David Fernández, a Manuel de la Puente, alto cargo de la Consejería de Sanidad, y al propio Ángel Carromero. Se desconoce si pasarán este lunes por la calle Mayor, 71.

Los comparecientes descartan pago a detectives

A falta del dictamen final, la comisión de investigación concluye hoy con los testimonios confirmados de José Luis Martínez-Almeida, la coordinadora general de la Alcaldía, Matilde García Duarte, y el actual jefe de prensa del regidor, Daniel Bardavío. Con ellos se completará el proceso que busca dilucidar si desde Génova se utilizó a la EMVS para contratar detectives que debían acceder a datos bancarios y fiscales del hermano de Ayuso a fin de ratificar que este cobró una comisión por un contrato cerrado con la Comunidad durante la pandemia.

Previo al inicio de la comisión, el Comité de Ética emitió un informe en el que descartaba cualquier acción "irregular" en la Empresa Municipal de la Vivienda. La Oficina Antifraude también rechazó corrupción. Una amplia mayoría de comparecientes ha expresado su convencimiento de que no se produjo pago a agencias de espías, aunque no se ha probado que no hubiera tentativa. La investigación interna que Almeida afirmó haber ordenado para depurar responsabilidades ha sido puesta en entredicho por numerosos participantes y tampoco convence el procedimiento con el que se ejecutó la dimisión de Ángel Carromero.

Altos cargos de la EMVS han remarcado la imposibilidad de realizar un contrato de espionaje en esta compañía pública. "Es imposible que se contrate este servicio, los controles habrían saltado", incidió el consejero delegado, Diego Lozano. En ello ahondaron la jefa de Contratación, María Teresa Peral, y el gerente, José Antonio Acosta. "No se ha iniciado, formalizado ni tramitado ningún expediente de estas características", aseguró la primera. "Quedan registrados hasta los que han sido desistidos", precisó. Carlos Medina, director de los Servicios Jurídicos, sí reconoció que la Empresa Municipal de la Vivienda ostenta la potestad de contratar detectives, pero no le consta que se haya llevado a término esta legislatura. "Si alguien lo ha hecho lo pagó de su bolsillo", manifestó.

La investigación de Almeida, cuestionada

Coinciden todos ellos, no obstante, en la inexistencia de una verdadera investigación para aclarar lo que en el PP se ha calificado de "rumor". Las pesquisas se habrían limitado a las realizadas por el presidente de la EMVS, Álvaro González, por encargo del alcalde: una llamada al detective Julio Gutiez y una reunión con el jefe de prensa de la EMVS, a quien el entorno de Ayuso colocó el cartel de 'sospechoso'. "Llamar a eso una investigación me parece demasiado", apuntó Medina. El Comité de Empresa, en representación de los trabajadores, negó asimismo conocer dicha investigación: "No supimos nada".

La comisión ha permitido constatar que José Luis Martínez-Almeida confió los hechos a mediados de diciembre a su círculo cercano: al menos a Inmaculada Sanz y Borja Carabante. A la primera le pidió consejo sobre cómo proceder y al segundo le solicitó que acompañara a González en las indagaciones. El delegado de Medio Ambiente asistió a la reunión que este mantuvo con David Fernández de la que quedó excluido José Antonio Acosta, llegado a la EMVS de la mano de Cs. "No encuentro nada reprochable en ir a una reunión con compañeros de partido porque era una información delicada", se excusó cuando la oposición cuestionó su presencia en una reunión de un área en la que no tiene competencias.

Sobre Álvaro González pesa la duda de si se extralimitó en sus funciones, pues sus atribuciones se limitan a presidir los consejos de administración. Le afea la oposición también que no acudiera al canal de denuncias del Comité de Ética pese a la gravedad de los hechos que trató de verificar por su cuenta. "No procedía porque era un rumor sin mayor fundamento", argumentó en su declaración.

La "irregular" marcha de Carromero

La presencia de Carromero ayudaría a descifrar otro de los interrogantes que más preocupa a la izquierda: cuándo y cómo se concretó su marcha. Un asesor del alcalde, Vicente Javier Segura Fayos, reconoció haber redactado el borrador de su dimisión, así como utilizar una firma escaneada extraíada de un documento que encontró en el despacho del exdirector general de Coordinación de la Alcaldía. Una práctica considerada "irregular" por Más Madrid.

Además, Carromero podría contribuir a esclarecer el supuesto encuentro que él mismo habría preparado entre un asesor de la concejala Loreto Sordo y el detective Julio Gutiez, según publicó ABC. El acusado, cuyo nombre coincide con el de un hombre que se vio con el espía en el hotel Wellington, lo desmintió en su turno de comparecencia. "Nunca me he reunido con un detective. En ningún momento se vincula ese nombre con mi persona", se justificó Francisco Javier Muñoz.

Hasta la fecha, la última en aportar su versión de lo ocurrido es Begoña Villacís, quien el pasado viernes dejó claro que con la información que obra en su poder "no se puede acreditar" que el presunto espionaje se haya financiado con fondos de la EMVS. "No se ha formalizado contrato y no se ha pagado", incidió. Pese a este alegato exculpatorio del Consistorio, ha reconocido que "no podría afirmar" que se ha limpiado el nombre del Ayuntamiento. En todo caso, no encuentra motivos para querellarse contra Ayuso por quebranto reputacional al denunciar ella misma el caso. Rechazó también depurar a nadie más si "no hay imputados ni nada acreditado".

Tras una veintena de testimonios, y otras tantas ausencias, la comisión afronta este lunes su fin con un interrogante sobresaliente: quién ganará el pulso por ponerle el broche final. El haber fijado su turno de declaración por la tarde concede al alcalde ventaja.