Laporta, también imputado por cohecho en el 'caso Negreira'

El actual presidente del Barça, Joan Laporta, ha sido también imputado en el 'caso Negreira'.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha formalizado su imputación por un delito de cohecho, como hasta ahora se había hecho con sus predecesores Sandro Rosell y Josep María Bartomeu.

Este cambio se produce porque el juez considera que en su primer mandato al frente del club, entre 2003 y 2010, hubo pagos al ex árbitro Jose María Enríquez Negreira entre 2008 y 2010.

Contradice así a la Fiscalía Anticorrupción, que consideró que estos hechos durante su primera presidencia ya habrían prescrito.

También están imputados el ex árbitro Negreira y su hijo Javier por presuntos sobornos cobrados cuando el primero era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), dependiente de la Federación Española de Fútbol.

Se investiga si estos pagos suponen un soborno a un trabajador con categoría equiparable a funcionario público, según el juez Joaquín Aguirre. Además, se quiere conocer si hubo "corrupción sistémica", como el juez sospecha, para influir en el arbitraje español.

Lo que el juez dijo sobre el Barça

El juez Aguirre habló en su auto del 28 de septiembre que detectaba un "delito continuado de cohecho". Respecto a la persona jurídica del club azulgrana, y a sus directivos investigados, les atribuye un delito continuado de "cohecho activo".

Todo ello sin perjuicio de mantener la calificación alternativa del delito de corrupción deportiva del artículo 286bis 4º CP, al menos durante esta fase de instrucción.

Aguirre consideró que "el delito de cohecho se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos".

En su auto, recoge que el FC Barcelona pagó a través de sociedades pantalla al ex vicepresidente del CTA y que es un "hecho no negado y acreditado documentalmente". Considera que Negreira "tenía la condición de funcionario público a efectos penales dado que desempeñaba funciones públicas como vicepresidente del CTA, entre otras las relativas a las calificaciones de los árbitros y a los ascensos y descensos de árbitros".

Tiene pruebas de que los pagos se prolongaron aproximadamente durante unos 18 años, y que éstos fueron incrementándose desde los 70.000 euros iniciales hasta los 700.000 euros anuales, por lo que sospecha era porque tenían efecto en resultados deportivos positivos para el club.

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