Quienes pensaban que el FC Barcelona pagaría caro el 'caso Negreira' están algo más tristes hoy. Y es que la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el club sea imputado por delito de cohecho por los pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.
El Ministerio Fiscal considera que al no tener condición de funcionario público, que es lo que se exige para imputar el delito de cohecho, no comparte que el Barça sea investigado por ello, como sí cree el juez instructor, Joaquín Aguirre.
Según la 'SER' y 'RTVE', los fiscales del caso firmaron un escrito compartiendo criterio con los recursos presentados por las defensas. La Fiscalía también se opone a que sean imputados los directivos del club por cohecho, tanto Joan Laporta como sus sucesores, Rossell y Bartomeu.
Ahora, la Audiencia de Barcelona tiene que dictaminar si revoca la decisión del juez Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, de imputarles ese delito. Además, Aguirre les acusó de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
Delito de cohecho
Defensas y Fiscalía argumentan que el delito de cohecho que se le pretendió imputar al Barça y a sus directivos sólo castiga los pagos (sobornos) a funcionarios públicos, pero ninguno de ellos tienen es condición. Sin embargo, Aguirre, en la argumentación de uno de sus autos del pasado año, consideró que el estamento arbitral tiene un funcionamiento similar al del servidor público, y por tanto, lo equiparó a un funcionario, en el caso de Negreira.
El juez dijo apoyarse en la jurisprudencia anterior y que "a efectos penales, dado que desempeñaba funciones públicas como vicepresidente de la CTA", su papel era equiparable al de un funcionario público.
La Fiscalía Anticorrupción no lo ve así, a pesar de que fue la institución pública que presentó la denuncia por los 7 millones de euros que el Barça pagó a Negreira y a su hijo entre los años 2001 y 2018, en teoría a cambio de asesoramiento arbitral, y no favores arbitrales.
Esta postura de la Fiscalía sólo influiría en la imputación del delito de cohecho, pero no en los demás delitos imputados a los implicados.
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