El aumento de las multas para quienes permanecen de forma irregular en el país y nuevos requisitos para otros trámites migratorios, crearon una ola de extranjeros que se apresuraron a regular su estatus de extranjería en Panamá. Esta semana entró en vigor la ley que sustituye otra con más de 40 años de vigencia, produciendo una avalancha de unos 6 mil extranjeros que acudieron a formalizar sus documentos.
Para los organismos de ayuda humanitaria la ley será un boomerang, porque el aumento de las multas y los costos de los trámites producirá más clandestinidad, como ocurre en países como Estados Unidos. Los extranjeros casados con nacionales pagaban una multa de 25 dólares al tener vencidos sus documentos; ahora serán 50 dólares por mes hasta un máximo de 1.000 dólares. Para los extranjeros con cédula panameña que deseen solicitar a un hijo o a sus padres, el costo pasará de 600 a 1.050 dólares. Para las empleadas domésticas la cantidad para realizar sus trámites disminuyó de 300 a 250 dólares, aunque con la nueva ley deberán pagar un depósito de garantía de 500 dólares.
Panamá ha sido históricamente zona de tránsito y atractivo migratorio, principalmente para chinos, europeos y antillanos. Pero últimamente ha recibido miles de venezolanos, dominicanos, colombianos y centroamericanos, estos últimos agobiados por las guerras pasadas. La ampliación del Canal es un imán migratorio, al igual que el crecimiento económico del país.
Panamá no está aplicando leyes discriminatorias, como recientemente ha hecho la Unión Europea, pero el país debe contar con instituciones bien constituidas para afrontar temas como las enormes inversiones extranjeras en los sectores inmobiliario y marítimo, la ampliación del canal interoceánico y el turismo. Para Clovis Sinisterra, director del nuevo Servicio Nacional de Migración, "detrás de esas inversiones y el turismo vienen otras cosas y hay que tener mucho cuidado".
Alrededor del 70% de los aproximadamente 6.000 extranjeros que acudieron en los días recientes, llegaron a tramitar por primera vez su registro. Eso significa que son personas que estaban irregulares, sin ningún tipo de documentación, con tiempos en Panamá que oscilan entre uno y tres años, pero también hasta 15, 20 y 30 años". La nueva ley clasifica a los extranjeros en cuatro categorías: no residente, residente temporal, residente permanente y bajo protección.
Datos del Servicio de Migración indican que en el 2007 hubo 1.680 deportaciones y para los primeros seis meses de este año fueron expulsados unos 715 extranjeros; la mayoría colombianos, dominicanos, peruanos, chinos y ecuatorianos.
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