Tensión en la 'cumbre de presidentes' por la política antiterrorista

Mucha tensión inicial, pues, en la III Conferencia de Presidentes de Autonomías, pero la habilidad gubernamental salvó la cumbre de lo que podía haber sido un 'plante' del PP. Tras el desayuno en el Palacio Real de Madrid con el Rey, las delegaciones fueron llegando al Senado alrededor de las diez y media de la mañana. En la apertura de la Conferencia, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, flanqueado en todo momento por su vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, tomó la palabra para, en primer lugar, condenar enérgicamente el atentado de ETA el pasado día 30 en la Terminal 4 de Barajas y pedir un 'gesto' de los presidentes autonómicos en contra unánime del terrorismo. Ese 'gesto' se materializó en un minuto de respetuoso silencio. Luego, Zapatero detalló los tres temas que debería abordar esta tercera ronda de presidentes: inmigración, I+D+i y política de agua.

Fue en su intervención de condena del atentado de ETA cuando Zapatero cometió el lapsus de llamarlo "trágico accidente", aunque rectificara y añadiera inmediatamente "trágico atentado". Los populares aprovecharon el lapsus para filtrarlo a los medios de comunicación. Los socialistas respondieron con una rueda de prensa del presidente de Andalucía y del PSOE, Manuel Cháves, calificando esas filtraciones de "indecencia política".

Paralelamente, desde Moncloa se filtraba a determinadas radios otro lapso, cometido éste por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, un día antes en el que el popular dijo "accid… el atentado".

Se trata sólo de una prueba de lo caldeados que estaban los ánimos en el inicio de esta 'cumbre' debido a las disensiones existentes en la política antiterrorista. De hecho, tal y como habían previsto en una reunión mantenida en Madrid con Mariano Rajoy un día antes, el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, tomó la palabra para presentar al plenario de la Conferencia una "Propuesta de resolución" en contra de ETA que, desde luego, no iba a gustar al Gobierno. Sanz, según las fuentes consultadas por Diariocrítico, llegó a decir que hablaba en nombre de los presidentes autonómicos del PP, pero fue rebatido primero por el propio presidente del Gobierno, que le respondió que ése no era el foro adecuado y que allí no se iba como representantes de partidos políticos, sino como presidentes autonómicos.

Luego, Sanz, arropado por las intervenciones de los presidentes de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y Madrid, Esperanza Aguirre, sería rebatido por el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien insistió en que la política antiterrorista la fija el Gobierno y que, en cualquier caso, el foro adecuado sería en el Pleno del Congreso de los Diputados del próximo lunes, 15 de enero. En un tono un tanto irónico, Rodríguez Ibarra llegó a decirle a Sanz -y por extensión a los presidentes del PP- que si quieren la unidad en materia antiterrorista lo que hay que resaltar "es lo que nos une, no lo que nos separa". También hizo una referencia al Pacto por las Libertades y contra el Terrorista -pacto antiterrorista, cuya vigencia reivindica el PP- en el sentido de que precisamente el primer punto de ese acuerdo recoge que la política antiterrorista la fija el Gobierno de la Nación.

 Los socialistas, pues, se cerraron en banda -contaron, incluso, con el silencio cómplice del lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe, asistente también a la reunión- y la propuesta de los populares no prosperó. Pero no gustó nada su misma presentación y mucho menos su contenido, especialmente su punto cuarto.

La propuesta antiterrorista del PP

El contenido íntegro de la propuesta del PP -redactada, según todos los indicios, un día antes en la sede nacional de la calle Génova en la reunión de Rajoy con 'sus' presidentes autonómicos- es el siguiente:

“Ante el brutal atentado cometido por ETA el pasado día 30 de diciembre en la T-4 de Barajas, los presidentes de las comunidades autónomas, reunidos con el presidente del Gobierno en la III Conferencia de Presidentes, acuerdan:

 "Condenar de manera enérgica este atentado terrorista, que ha provocado la muerte de dos personas.

 "Trasladar su solidaridad y apoyo a las víctimas a las familias de las dos víctimas mortales del atentado, así como a los heridos y al resto de afectados.

 "Solicitar al presidente del Gobierno que rectifique la política contra el terrorismo y que vuelva a la acordada en el pacto por las libertades y contra el terrorismo, que está abierto a todos y que impide cualquier tipo de acuerdo o negociación con ETA y que tiene como principal objetivo la derrota definitiva de los terroristas desde la Ley y el estado de Derecho".

 A partir de ahí el debate transcurrió por los cauces fijados en la convocatoria de la cumbre -inmigración, I+D+i y política de agua-, pero con la introducción de una importante novedad: que en lugar de tratarse de tres puntos distintos, los presidentes autonómicos pudieran agruparlos en sus intervenciones en un solo punto, de tal manera que pudieran desarrollar más extensamente aquello que más les interesaba. Obviamente, para la 'España seca' el punto más álgido lo constituyó, lógicamente, la política del agua, sobre la que Zapatero, según confirmó el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, llegó a decir que no se puede abordar el problema del agua en el siglo XXI con políticas del siglo XX. Una afirmación que se interpretó como un nuevo rechazo al Plan Hidrológico Nacional que en su día aprobaron los populares y que derogó el Gobierno socialista, pero el PP sigue reivindicando.

 De la expectación despertada por esta III Conferencia de Presidentes da cuenta el hecho de que para su cobertura informativa se han acreditado exactamente 907 periodistas, con más de 200 cámaras. Ni siquiera el Senado, con sus nuevas instalaciones, está preparado para tal avalancha humana. Y uno de los puntos de expectación era la posibilidad de un encuentro privado entre el lehendakari Ibarretxe y el presidente Rodríguez Zapatero. El encuentro no se produjo, según dijo el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda.