El Gobierno y los sindicatos han acordado incrementar en un 20% las plazas en la Administración General del Estado, con lo que superarían las 30.000 plazas, una cifra récord. Aunque hace 2 años se ofertaron 500 plazas más.
Así lo han confirmado fuentes de UGT a 'TVE', que señalan que incluyen puestos de ingreso libre y de promoción interna. A esta cifra hay que sumar la reposición y la promoción interna, con lo que la oferta pública de empleo superaría las 45.000 plazas.
Ambas partes se han reunido este lunes para retomar las negociaciones que iniciaron el pasado viernes y este acuerdo, además, llega a las puertas de las elecciones del próximo 23 de julio y, de cerrarse de forma definitiva, podría aprobarse en el Consejo de Ministros de este martes.
Los sindicatos más representativos, UGT, CSIF y CCOO, hasta ahora pedían a la cartera dirigida por María Jesús Montero una oferta "masiva" que permita reforzar servicios clave a partir de este año, como el SEPE, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, Agencia Tributaria, Instituciones Penitenciarias o la Justicia, entre otros organismos.
El Gobierno, que busca llevar cuanto antes esta propuesta al Consejo de Ministros, trasladó este viernes un documento con los 10 criterios con los que pretende encauzar esta oferta de empleo público. Entre ellos, la garantía de promoción interna, la estabilización del empleo temporal, el empleo inclusivo, la digitalización y atención a la ciudadanía, el refuerzo del ámbito de justicia y de la administración local, la presencia suficiente de personal laboral, la territorialización de plazas de administración local y la agilización y mejora de procesos selectivos.
Críticas al retraso de la publicación del programa
Algunos sindicatos, como Comisiones Obreras criticó el pasado viernes no haber recibido este documento hasta el pasado viernes y este viernes cargaron contra "las prisas" del Gobierno por la publicación de la oferta de empleo público cuando han reiterado "en varias ocasiones" a Función Pública que debía haberse publicado en el primer semestre de 2023.
"Este retraso no puede justificar que se plantee una imposición atropellada. El servicio público es la garantía de los derechos de la ciudadanía, y es imprescindible una dotación de personal suficiente, para lo que resulta esencial la negociación con las organizaciones sindicales", han advertido.
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