La multinacional automovilística Stellantis, que tiene marcas como Jeep, Chrysler, Dodge... anunció la implementación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectará a alrededor de 900 trabajadores en distintas instalaciones estadounidenses.
Esta decisión responde a los gravámenes comerciales impuestos por el gobierno de Trump, que entraron en vigor el pasado jueves.
Los empleados afectados pertenecen a 2 factorías de estampado ubicadas en Michigan y a una planta de transmisiones en Indiana. La medida se produce después de que la compañía paralizara temporalmente la producción en sus ensambladoras de Windsor (Canadá) y Toluca (México).
Parones productivos en Canadá y México
En la fábrica canadiense de Windsor, donde se fabrican el Chrysler Pacifica y el Dodge Charger Daytona eléctrico, aproximadamente 4.500 operarios dejarán de trabajar durante 2 semanas a partir del lunes. Por otro lado, en la planta mexicana de Toluca, dedicada a los modelos Jeep Compass y Wagoneer S EV, la interrupción se extenderá como mínimo 1 mes.
Antonio Filosa, máximo responsable de Stellantis en Norteamérica, explicó a los empleados mediante un comunicado interno que estas suspensiones derivan directamente de los aranceles establecidos por la Administración Trump. Según un correo electrónico obtenido por CNBC, el directivo afirmó que la empresa "sigue evaluando los efectos a medio y largo plazo de estos aranceles" en sus actividades.
"La compañía ha decidido tomar medidas inmediatas, incluida la suspensión temporal de la producción" en las factorías mencionadas, añadió Filosa. Estas decisiones repercutirán también en "algunos empleados en varias de nuestras instalaciones de ejes motor y estampado en EEUU que apoyan esas operaciones", generando según el ejecutivo un escenario de "incertidumbre".
Medidas proteccionistas de EEUU
La semana anterior, el presidente Trump había revelado la imposición de un arancel del 25% sobre vehículos fabricados fuera del país. El mandatario defendió que esta política incrementaría los ingresos públicos en millones de dólares y animaría a los fabricantes foráneos a establecer plantas en territorio norteamericano para eludir los aranceles.
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