El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Presupuestario y el nuevo escenario macroeconómico que el Gobierno remitirá hoy a la Unión Europea. Las ministras de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y de Hacienda, María Jesús Montero, han presentado ambos documentos. El nuevo cuadro macroeconómico reduce una décima la previsión de crecimiento del PIB para 2018 y 2019, situándose en el 2,6% y 2,3%, respectivamente, unas previsiones "mas prudentes de las que manejan los principales organismos nacionales e internacionales". Además, prevé cerrar el año con una tasa de paro del 15,5%, mientras que espera que baje el año próximo hasta el 13,8%.
La ministra de Economía, Nadia Calviño ha asegurado que el borrador del Plan Presupuestario permite acometer tres objetivos: cumplir con la disciplina fiscal, cumplir con los ciudadanos mediante la recuperación de la función redistributiva de la política fiscal y mantener la sostenibilidad a largo plazo de la economía, que se traducirá en que el próximo año, por primera vez desde 2007, España registrará un superávit fiscal primario y la deuda pública comenzará a reducirse a un ritmo significativo. "Se puede hacer una política económica responsable que conjugue disciplina fiscal con lucha contra la desigualdad”.
Nuevo cuadro macroeconómico
Calviño ha destacado la "prudencia" de las previsiones macroeconómicas. La revisión a la baja en una décima del crecimiento de 2018 está asociada a un comportamiento menos favorable de la demanda externa, así como a los cambios en las cifras de contabilidad nacional trimestral publicados por el INE, que reduce una décima el crecimiento del primer trimestre de 2018. Teniendo en cuenta la inflación, la tasa de expansión del PIB nominal se prevé que sea del 3,9% este año y del 4,1% el año que viene.
El Plan Presupuestario es, en palabras de la ministra, "responsable, realista, alineado con los compromisos asumidos con nuestros socios europeos y enmarca una política económica orientada a mejorar la vida de los ciudadanos".
El déficit público se reducirá nueve décimas hasta el 1,8% del PIB en 2019. Esta reducción permitirá que España logre un superávit primario el próximo año en torno a 0,5 pp del PIB, por primera vez desde 2007. Esto supone que se va a acelerar el ritmo de reducción de la deuda pública. Como consecuencia, la deuda pública bajará en 2018 y 2019 prácticamente el doble que en los tres años anteriores desde el 98,1% a finales de 2017 hasta el 95,5% el año que viene.
Un déficit del 1,8% en 2019 supone un esfuerzo estructural en el entorno de 0,4 pp de PIB, en línea con el compromiso del Gobierno de tomar las medidas necesarias para aumentar la sostenibilidad y solidez de las finanzas públicas.
Con este ajuste el Gobierno da cumplimiento a los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Gobierno prevé que el déficit público cierre en 2018 en el 2,7% del PIB por debajo de la referencia del 3% del brazo correctivo del Pacto, lo que implicará que a partir de 2019 España esté sujeta al brazo preventivo, cuyos requerimientos son de ajuste estructural.
"Este objetivo de déficit no pone en peligro ni el crecimiento económico, ni la creación de empleo, de hecho, el impacto es neutral sobre nuestras previsiones de crecimiento real del PIB en el ejercicio 2019. Es un mensaje muy importante dado que ésta es la prioridad fundamental de este gobierno: mantener la senda de creación de empleo.
Recuperación de derechos sociales
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que la propuesta del Gobierno comporta un mayor compromiso con Bruselas ya que reconduce el objetivo de déficit y lo sitúa en el 1,8% del PIB, frente al 1,3% previsto por el Gabinete anterior.
La ministra ha señalado que la política tributaria incorporada en el plan presupuestario incrementa la contribución de los que más tienen, reduce los impuestos a las pequeñas empresas y grava nuevos sectores de actividad en línea con las recomendaciones comunitarias: "Es una política fiscal responsable en donde la clase medida y trabajadora no pagará más impuestos sino todo lo contrario".
En este sentido, ha detallado que aumenta dos puntos el IRPF a las rentas superiores a 130.000 y cuatro a las superiores a 300.000 euros y sube cuatro puntos el IRPF a las rentas de capital que superen los 140.000 euros. Ambas medidas generarán 328 millones adicionales de recaudación.
En cuanto al impuesto de sociedades, baja dos puntos para las pymes que tengan una cifra de negocio que no supere el millón de euros. Por este concepto se prevé una recaudación de 1.516 millones de euros. Además, se aportarán 850 millones mediante el impuesto a las transacciones financieras y 1.200 millones con el impuesto a los servicios digitales. Además, se elevará el Impuesto sobre el Patrimonio para aquellos que declaren bienes superiores a 10 millones de euros, lo que generará una recaudación de 339 millones.
La ministra ha apuntado que la bajada del IVA de los productos de higiene femenina y de los servicios veterinarios generarán un ahorro fiscal de 53 millones. En el ámbito de la fiscalidad medioambiental se avanzará en la equiparación del gasóleo y la gasolina, en línea con las recomendaciones de Europa, lo que permitirá ingresar 670 millones.
Lucha contra el fraude fiscal
Montero ha avanzado que para fomentar un sistema tributario más justo se aprobará un conjunto de medidas de lucha contra el fraude fiscal. Entre otras, la actualización de la lista de paraísos fiscales, la extensión de la lista de morosos a los responsables solidarios o el límite al pago en efectivo, que no podrá ser superior a 1.000 euros cuando una de las partes sea un profesional.
El conjunto de medidas, ha señalado, "formarán parte de una ley que se presentará en breve como anteproyecto y permitirán incrementar la recaudación en 828 millones de euros". El total de medidas tributarias y de lucha contra el fraude impulsadas por el Gobierno "elevarán la recaudación en 5.678 millones de euros", ha precisado la ministra.
La titular de Hacienda ha recordado que la recaudación del impuesto sobre transacciones financieras se deriva a la Seguridad Social y el impuesto sobre el Patrimonio incide en las cuentas autonómicas. El total de medidas de ingreso que afectan solo al presupuesto del Estado, sumarán 4.489 millones de euros. Asimismo, ha señalado que la recaudación tributaria también aumentará, por lo que se reforzará el estado del bienestar.
Compromiso de gasto
Las pensiones se actualizarán con el IPC real, se eleva el 40% del gasto estatal en dependencia, se incrementa un 22,3% el Salario Mínimo Interprofesional, que se sitúa en 900 euros, se recupera el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años, se elimina el copago farmacéutico y se amplía el permiso de paternidad.
Estas iniciativas, a juicio de la ministra, "mejorarán la vida de millones de ciudadanos y presentarán un impacto económico global de gasto que asciende a 5.098 millones de euros". De este importe total, las medidas que impactan directamente en el techo de gasto del Gobierno con los Presupuestos Generales Estado sumarán 1.992 millones, el resto será gasto del subsector de la Seguridad Social o de los subsectores de las administraciones autonómicas.
El gasto público total, según ha expuesto Montero, aumentará un 3,1% alcanzando los 515.552 millones de euros y los ingresos públicos subirán un 5,7% hasta los 493.000 millones. Es decir, el gasto sube un 3,1% y los ingresos aumentan un 5,7%.
El diferencial entre ingresos y gastos en el año 2018 asciende a 32.950 millones y el diferencial con esta baja prevista asciende a 22.223, es decir que se reduce de forma significativa la diferencia entre ingresos y gastos respecto al año 2018.
El techo de gasto de los Presupuestos del año 2019 suma 125.064 millones de euros, lo que implica un aumento del 4,4% y supone un incremento de gasto de 5.230 millones.
La ministra ha afirmado que el Gobierno aprobará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 con la senda de déficit que esté aprobada a finales de noviembre o principios de diciembre. Al respecto, ha mantenido que si el nuevo objetivo de déficit para 2019 del 1,8% aún no está aprobado, se harán las cuentas públicas con el objetivo del 1,3% aprobado por el anterior Ejecutivo ya que el techo de gasto no es necesario modificarlo.
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