Pese a todo, el buen clima ha reinado entre los dos negociadores del Pacto,
Antonio Hernando, por el PSOE, y
Juan Manuel Moreno, por el PP, que llevan trabajando desde el pasado mes de noviembre para acordar las medidas que deberían servir para evitar los bochornosos espectáculos que están dando los cargos públicos en muchas comunidades y Ayuntamientos. En esta ocasión es el caso de
Jaume Matas o el Gürtel los que más escándalo están provocando, pero también la corrupción salpica al PSOE y a otros grupos políticos en importantes municipios, como Marbella o Estepona. La lista es larga y ningún partido se libra de estar en ella.
La propuesta fue lanzada en noviembre por Rajoy durante la reunión intermunicipal que mantuvo con su partido en Sevilla, y la oficializó poco después la secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal, al vicesecretario general del PSOE
José Blanco, que se apresuró a recoger el guante. Por entonces, ya se conocían las andanzas de Correa y 'el Bigotes' y en Génova cundía la preocupación.
Control a las comisiones de urbanismo
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El acuerdo está ahora a punto de ultimarse e incluye, según han confirmado a este diario fuentes de las parte negociadoras, la obligación de realizar auditorias anuales a las corporaciones locales pero con personal externalizado, colocando técnicos independientes y sin vinculación política alguna que controlen las comisiones de urbanismo. También la obligación de que las llamadas mesas de contratación las presida un funcionario de carrera y un concejal de la oposición.
Pero las medidas más ambiciosas son conseguir que
la financiación ilegal de partidos sea tipificada como delito e incluida en el Código Penal, y que
la Ley de partidos impida las subvenciones de constructoras y promotoras para evitar así la tentación del cobro de comisiones opacas a cambio de contratos.
Otros acuerdos serían el impedir que los cargos en prisión provisional ostenten responsabilidades ejecutivas y, por supuesto, prohibir absolutamente la recepción de regalos estando en un cargo público. Asuntos como la obligación a hacer públicos los ingresos y la declaración de bienes -como ya se hace en muchos parlamentos-, y notificar los cambios patrimoniales o de actividades completarían el acuerdo.
La intención de ambas partes es que el acuerdo pueda entrar en vigor en las elecciones municipales y autonómicas de 2011.
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