En la Vigésima Cuarta Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que encabezó el titular de la PGR Arturo Chávez Chávez, los procuradores del país reiteraron su compromiso de seguir trabajando por preservar el Estado de Derecho, combatir de manera efectiva el crimen en todas sus expresiones, y avanzar en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de procurar justicia en el país.
Con los trabajos de esta reunión, se ha fortalecido también el intercambio de experiencias y la colaboración de las procuradurías del país, concluyendo en importantes acuerdos y compromisos para lograr una coordinación más efectiva y una renovada relación para responder con eficacia a la demanda social de garantizar la seguridad en el país y procurar justicia expedita, completa e imparcial, afirmaron.
“En este foro, los procuradores del país evaluamos los avances alcanzados en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, así como la atención de las disposiciones que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece para esta Conferencia Nacional.
“Uno de los principales objetivos que se ha fijado la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es la aplicación de la Estrategia Nacional e Integral contra el Delito de Secuestro. En esta reunión se analizó el diagnóstico que guardan las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro y los avances en la aplicación de herramientas de intercambio de información en casos de secuestro. Concluimos en que es fundamental fortalecer e impulsar el trabajo en las 32 unidades ya constituidas, así como gestionar recursos del Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública para destinarlos al equipamiento y operación de estas Unidades”.
Agregaron que la lucha contra el narcomenudeo constituye otra de las preocupaciones centrales de los procuradores que integran la Conferencia, por ser un delito que deja secuelas irreparables en niños y jóvenes que son el futuro de México. Como parte del Plan General de Acción para la instrumentación de las reformas en materia de narcomenudeo, las instancias de procuración de justicia acordamos adoptar protocolos de actuación para ser aplicados por los Centros de operación Estratégica en casos de intercambio de información.
Los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, destacaron estar preocupados por dotar de herramientas legales que permitan dar una respuesta eficiente a la sociedad en aquellos casos en los cuales se ve lastimada con motivo de un hecho delictivo, nos pronunciamos por exhortar a las instancias competentes para llevar a cabo una reforma constitucional sobre la figura del Arraigo, de suerte que no sólo opere en casos de delincuencia organizada, sino que sea también aplicable a ciertos delitos del fuero común. Esta reforma deberá contener principios para asegurar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales y a la dignidad de las personas, y evitar que algunas autoridades puedan hacer uso abusivo de esta medida cautelar.
En esta reunión plenaria analizaron también las acciones necesarias para impulsar la homologación de los criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia que aplican las Procuradurías y Fiscalías del país, para la preservación y el procesamiento de indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso.
Igualmente, examinaron la viabilidad de perfeccionar los mecanismos de intercambio de información delictiva y la generación de estadística criminal, con miras a potenciarlos como instrumentos generadores de inteligencia en el combate al fenómeno delictivo.
Por ello, acordaron iniciar la instalación de un modelo de redes de alerta temprana, que se convertirá en un mecanismo eficaz de intercomunicación e intercambio de información entre las instituciones de procuración de justicia. Adicionalmente, aprobamos la elaboración de un diagnóstico de bases estatales de datos, para un efectivo intercambio de información.
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia ha privilegiado las acciones encaminadas a incorporar los adelantos tecnológicos a la investigación criminalística para fundamentar debidamente las actuaciones ministeriales y contar con instrumentos y sistemas homologados que faciliten la colaboración y el intercambio de información entre las procuradurías.
Una iniciativa fundamental para avanzar en este propósito es el establecimiento de una Base Nacional de Genética Forense. En este sentido, el Pleno de la Conferencia acordó la instrumentación de esta Base Nacional, así como iniciar los trabajos de la certificación pericial que establece como obligación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LSNSP).
“Sin duda, un instrumento fundamental para combatir los recursos económicos de la delincuencia y afectar la estructura económica de las organizaciones delictivas, es la extinción de dominio, cuya normatividad se encuentra en proceso de instauración en muchas entidades federativas del país. En este contexto, el análisis y las experiencias compartidas entre las entidades federativas y la Federación resulta un ejercicio enriquecedor para identificar las áreas de oportunidad y afinar los procesos de capacitación. Por ello se acordó una propuesta de homologación para aquellas entidades que aún no tienen legislación en la materia.
“En estrecha vinculación con el tema anterior, el Pleno de la XXIV Conferencia abordó el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si bien existen iniciativas de reforma del Ejecutivo Federal pendientes de dictaminación en el Congreso de la Unión, la Asamblea consideró necesario avanzar en el estudio de ese fenómeno delictivo con el propósito de explorar la posibilidad de establecer nuevos tipos penales relacionados y homologados que fortalezcan los mecanismos de combate.
“Igualmente, la Conferencia Nacional de Procuradores considera inaplazable la atención de los delitos de pornografía infantil y trata de personas. Por ello reconoce la necesidad de generar esquemas legales armónicos e integrales para enfrentar con mayor eficacia este flagelo que atenta contra la dignidad de propios y extraños, y en los que nada ayuda la tolerancia social, la invisibilidad del delito, el arraigo cultural de las redes delictivas en algunas zonas y comunidades del país, los factores de vulnerabilidad que afectan a las víctimas, además de los obstáculos legales y la pluralidad competencial”.
Relevante evento, donde se hizo el análisis del “Plan de Acción para la Prevención y el Combate del Delito de Trata de Personas y la Atención, Asistencia y Protección de sus Víctimas de las Instituciones de Procuración de Justicia” acordamos la instrumentación del mismo y la atención de la distribución de competencias entre los órdenes federal y estatal.
Con relación a la profesionalización en procuración de justicia, la Conferencia sometió a consideración de sus integrantes los Proyectos Estratégicos del Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones de Procuración de Justicia, elaborados por el Grupo Interinstitucional de Especialistas de la Conferencia Nacional. Así, el Pleno instruyó al Grupo de Especialistas que continúe con la implementación del Programa Rector, conforme a los planes de trabajo y cronograma establecidos en los proyectos.
En apoyo a la instrumentación del Programa Rector, se impulsará el fortalecimiento de los Institutos de Procuración de Justicia, dotándolos de infraestructura, equipo, presupuesto y recursos humanos, que respondan a las necesidades de cada entidad federativa.
En esta reunión se presentó una panorámica sobre la incidencia de delitos de los que son objeto los extranjeros indocumentados en tránsito a los Estados Unidos de América. Los titulares de las procuradurías del país nos pronunciamos por explorar la posibilidad de crear una comisión regional de la frontera sur y establecer puntos de control, con el fin de reforzar la vigilancia de la frontera y conjuntar los esfuerzos de las instancias de seguridad pública y procuración de justicia para atender los fenómenos delincuenciales presentes en esa región de la república.
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia aceptó colaborar con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la aplicación del Censo Nacional de Procuradurías Generales de Justicia, el cual se llevará a cabo en el 2011, y ofrecerá información sobre la gestión y operación de nuestras instituciones, en apoyo a la toma de decisiones y a los procesos de planeación y evaluación de políticas públicas en materia de procuración de justicia.