Mato vuelve a anunciar que se revisarán los impuestos que pagan las familias para aumentar los mínimos exentos de tributación

Este mínimo personal y familiar es la cantidad económica que el impuesto no somete a tributación por entender que es el importe mínimo para atender a las necesidades vitales del contribuyente, y no se toca desde la última gran reforma de 2008. Esta cantidad no reduce la base imponible tal y como ocurría con la normativa anterior, sino que se tiene en cuenta en el momento del cálculo del impuesto, gravándose técnicamente a tipo cero, con lo que se consigue que todos tengan el mismo ahorro fiscal con independencia del nivel de renta. Los mínimos "personal" y "familiar" se incluyen en la liquidación del impuesto sobre la Renta para lograr que cada contribuyente tribute conforme a su auténtica capacidad económica, ajustando el cálculo de su renta fiscal.

Pero el anuncio realizado por Ana Mato no es nuevo. Entre las medidas tributarias avanzadas por el titular de Hacienda,Cristóbal Montoro, en la Comisión de Hacienda del Congreso celebrada la semana pasada, se encontraba una mejora del sistema de autoliquidación del IRPF que se realizará a través del borrador y que supondrá una agilización de las cantidades a devolver, a la que siguió el anuncio de que el Gobierno revisará el IRPF para elevar la equidad fiscal, principalmente en el seno de la unidad familiar. Para ello, se revisará los mínimos personales y familiares a fin de poder aumentarlos y equiparar su cuantía con independencia del régimen de tributación por el que se opte. Todo ello en abril, y cómo se apresuró a señalar: "cuando la economía lo permita".

Y no sólo cuando la economía lo permita. La medida supondría una menor recaudación, algo incompatible si se quiere cumplir con el objetivo de reducción del déficit público al 4,4% en 2012, es decir el desfase entre ingresos y gastos, que según los cálculos del PP ascienden a 40.000 por el agujero dejado por los socialistas. Montor ha dicho que espera incrementar los ingresos por un mayor control del fraude fiscal, actuando sobre las operaciones internacionales, la economía sumergida y los impuestos especiales. A ello sumó fijar un límite a las operaciones en efectivo y anunció que en febrero se aprobará el  Plan General de Control Tributario para 2012, que traerá una mejora en el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, la simplificación del uso y extensión de las nuevas tecnologías. Pero no será suficiente, son 40.000 millones los que hay que reducir y con este control fiscal la recaudación no pasaría de los 10.000 millones.

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