Ante una condena de 11 años de
inhabilitación
El Constitucional apaga la última luz de esperanza de Garzón: rechaza revisar su condena
miércoles 07 de noviembre de 2012, 18:57h
El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de amparo presentado
por el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra la
sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a 11 años de
inhabilitación, por autorizar las escuchas de los cabecillas de la red
"Gürtel" con sus abogados en prisión, "dada la manifiesta inexistencia
de violación" de sus derechos fundamentales.
Garzón alegaba en su recurso que el fallo del Supremo pone en peligro
la independencia judicial que garantiza la Constitución. Sostenía que
la condena del Supremo es "gravísimamente inconstitucional en términos
hasta ahora desconocidos en nuestro Estado democrático", en cuanto que
le condena por "un delito que no existe en las leyes españolas".
En una providencia fechada el pasado 29 de octubre, los magistrados Pablo Pérez Tremps,
Francisco Hernando y Francisco Pérez de los Cobos señalan que tras
examinar el recurso han acordado no admitirlo a trámite "dada la
manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable
en amparo, violación que, de acuerdo con el art. 44.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) es condición para que este Tribunal pueda ejercer dicha tutela".
Las actuaciones se archivarán "sin más trámite" si la Fiscalía no recurre esta decisión, añade la providencia.
Una vez rechazado este recurso, Garzón podría recurrir su condena
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), una posibilidad que
él ha contemplado en diversas manifestaciones públicas.
A juicio de Garzón la cuestión de las escuchas telefónicas está
pendiente de la aprobación de una ley que las regule, que se "ha exigido
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que todavía no existe".
Por ese motivo, Garzón defenfía que el Supremo le condenó por "ir
en contra" de los criterios particulares de los magistrados del alto
tribunal, hasta el punto de que los integrantes del tribunal
construyeron "a la medida" el delito de prevaricación por el que fue
condenado.
En su opinión, su condena "supone la puerta abierta a cualquier
juicio y condena por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica
seria de cualquier juez con el Tribunal Supremo, acabando así con la
independencia judicial".