La 'rebelión' de Mas irá al Constitucional: el Gobierno pide informe al Consejo de Estado

El Consejo de Ministros ha estudiado este viernes el informe remitido por la Abogacía del Estado sobre la declaración soberanista aprobada por los nacionalistas catalanes el pasado 23 de enero, que define a Cataluña como un "sujeto político y jurídico soberano". Era el paso previo para iniciar la tramitación de la solicitud de inconstitucionalidad, y el informe, efectivamente, recoge argumentos favorables para interponer el recurso, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

A la vista de ese informe, el Gobierno de Rajoy ha aprobado en su reunión de este viernes pedir al Consejo de Estado el "informe preceptivo" antes de adoptar la decisión de recurrir la citada declaración.

En realidad, la decisión está tomada, a la vista de lo que ha dicho la Abogacía, que coincide plenamente con lo que pensaban los miembros del Gabinete de Rajoy: la resolución aprobada en Cataluña tiene contenido inconstitucional y es impugnable, porque, según el informe, "reconocer la soberanía del pueblo catalán, y su derecho a decidir por ser sujeto político, vulnera distintos artículos de la Constitución".

En concreto, según explicó Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la declaración 'secesionista' de Artur Mas y sus compañeros vulnera los artículos 1.2, 2, 9 y 168 de la Constitución Española.

Respuesta contundente al portavoz de Artur Mas

La vicepresidenta del Gobierno ha sido contundente a la hora de responder al portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, que ha acusado este viernes al Gobierno del Estado de "atentar" contra la ciudadanía: "El Gobierno quiere impedir una expresión democrática simplemente porque el contenido no gusta y esto nos parece una situación muy grave que está cerca de atentar a lo más básico del funcionamiento de nuestras instituciones y de un Estado democrático".

Sáenz de Santamaría ha sido contundente al respecto: "Lo más democrático es cumplir la Constitución y las leyes". Y, precisamente, los artículos que parece que incumple la declaración soberanista del Parlament son los siguientes:

Artículo 1.2: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".

Artículo 2: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

Artículo 9.1: "Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico".

Artículo 168 (Reformas esenciales de la Constitución); "1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo II, Sección 1.ª, del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes".

Para recurrir la declaración, el Gobierno aplicará el artículo 161.2, que dice: "El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".



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