El comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA en Valencia, José María Ángel Batalla, ha presentado su renuncia después de que se iniciara una investigación sobre posibles irregularidades en su trayectoria profesional.
Lo hace defendiendo su inocencia y denunciando "una cacería" porque jamás ha falsificado, asegura, documento alguno. También dimitirá como presidente del PSOE valenciano, el PSPV.
Según confirma RTVE, el ex senador ya ha remitido el escrito de dimisión al Ministerio de Política Territorial. El caso surge tras la sospecha de que falsificó un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía para obtener un puesto como funcionario en la Diputación de Valencia en 1985, titulación que no aparece registrada en la Universidad de Valencia.
Tras conocerse la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción, Ángel Batalla emitió una nota informativa defendiendo su inocencia. En ella afirmaba que "nunca ha existido ninguna irregularidad" en su acceso a la administración pública y que siempre cumplió con los requisitos establecidos en cada convocatoria.
Según explicaba en un comunicado, su vinculación con la Diputación de Valencia comenzó en 1981, cuando ocupó un puesto en el Archivo General de esta institución. Para ese cargo, asegura que solo era necesario poseer el título de enseñanza media o equivalente, requisito que cumplió al presentar su título de bachiller superior obtenido en 1981.
Defensa de su trayectoria
En 1986, Ángel Batalla accedió a una plaza como “Técnico Medio” en el cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. Según sus declaraciones, los únicos requisitos exigidos para este puesto estaban relacionados con la posesión de la plaza que ya ocupaba desde 1983. Asegura haber cumplido con todas las condiciones necesarias y adjuntó documentación para respaldar su versión, aunque no incluyó el título universitario cuya autenticidad está en entredicho. Este documento, según señala la Agencia Antifraude, habría sido utilizado para ascender dentro de la administración pública.
El alto comisionado también expresó su sorpresa al enterarse de la investigación "a través de un medio de comunicación sin haber recibido ninguna notificación oficial". Además, anunció su disposición a tomar medidas legales para proteger su reputación, honestidad y honorabilidad frente a lo que considera acusaciones infundadas. En su defensa, reiteró que para el puesto obtenido en 1986 no se requería contar con una titulación universitaria, tal como lo demuestran las bases publicadas para el concurso de acceso correspondiente.
Aunque Ángel Batalla ha compartido diversos documentos para demostrar su transparencia en los procesos de acceso a la administración, no ha proporcionado el título universitario que supuestamente sirvió para consolidar su posición en la Diputación de Valencia.
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