Las aportaciones ciudadanas y de las "organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma" pueden realizarse desde este miércoles hasta el 7 de octubre de 2025.
El proyecto de real decreto recoge la dotación de 7.000 millones de euros de financiación para ampliar el parque público de vivienda asequible, impulsar rehabilitaciones de barrios y zonas rurales, y desplegar ayudas para jóvenes y hogares que destinen más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presentó en la víspera las "líneas maestras" del plan en el Consejo de Ministros y este miércoles lo ha expuesto a los sindicatos UGT y CCOO y las organizaciones empresariales del sector: la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).
Tras la fase de audiencia pública, Rodríguez prevé que el proyecto se apruebe a finales del diciembre.
El Gobierno ha fijado 5 objetivos con el plan:
- Incrementar el parque de vivienda pública asequible, cuya protección quedará "blindada" de forma permanente para evitar la especulación.
- Rehabilitar las viviendas y edificios ya existentes para mejorar la eficiencia energética y accesibilidad, pero para también aumentar la oferta en ciudades y pueblos.
- Reducir la edad a la que se emancipan los jóvenes (en torno a los 30 años de media en España)
- Reducir el esfuerzo financiero (que no se destine más del 30% de los ingresos al pago de la vivienda)
- Revertir las zonas de mercado tensionado.
Para ello, plantea una financiación de 7.000 millones de euros en esos 5 años en los que estará en vigor el plan. El 60% lo aportaría el Estado y el 40% las comunidades autónomas.
Esos fondos, que el Gobierno insiste en que suponen "triplicar" la inversión, se repartirán de forma que el 40% se destinarán a la construcción del parque público de vivienda, el 30% serán para la rehabilitación y el restante 30% de los recursos serán ayudas.
Las ayudas son de distinto tipo, aunque desde el departamento que dirige Rodríguez destacan las dirigidas a jóvenes: al alquiler, al alquiler con opción a compra de vivienda protegida (de hasta 30.000 euros) o a la compra de vivienda en zonas rurales (de 10.800 euros).
Además, se contemplan también subvenciones a la rehabilitación cuando la vivienda se encuentre en zona de protección patrimonial o se haga para ponerla en el mercado de alquiler asequible.
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