Una coalición de 24 fiscales generales ha presentado una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.
El objetivo de esta acción legal es que se declare ilegal el arancel global del 15% que quiere imponer por la Administración de Donald Trump.
Esta ofensiva judicial se produjo poco después de que el Tribunal Supremo considerara inconstitucional la anterior política arancelaria del mandatario, lo que obligó a la Casa Blanca a buscar nuevas vías legales para mantener sus gravámenes. Primero habló de una tasa general del 10%, actualmente impuesta, pero poco después propuso subir los aranceles al 15%, algo todavía pendiente.
Va en contra de la ley
Los fiscales argumentaron en conferencia de prensa que los nuevos impuestos no cumplen con los requisitos de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
Según los demandantes, el Gobierno de Trump invocó esta norma de forma indebida, violando la protección constitucional de la separación de poderes. Destacaron que ningún presidente en la historia de Estados Unidos intentó "jamás" imponer aranceles utilizando dicha sección, la cual fue diseñada específicamente para crisis monetarias limitadas bajo un sistema de cambio que el país abandonó hace medio siglo.
Críticas al uso de un estatuto "arcaico"
El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, calificó la norma invocada por Trump como un "estatuto arcaico" que nunca fue concebido para los propósitos actuales de la Administración.
En el documento legal, de 35 páginas, los fiscales afirmaron que el mandatario está usurpando poderes que corresponden exclusivamente al Congreso. La Constitución asigna al poder legislativo la autoridad para establecer y recaudar impuestos y aranceles, por lo que las órdenes ejecutivas y memorandos publicados por Trump en redes sociales carecerían de base legal sólida.
Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, denunció que, en lugar de acatar la decisión del Tribunal Supremo, Trump recurrió inmediatamente a una ley diferente que nunca se había utilizado con este fin. La demanda, liderada por Nueva York, California y Oregón, sostuvo que el uso de la Sección 122 es "tan ilegal" como el recurso previo a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), ya invalidada por el alto tribunal.
Impacto económico y costes para el consumidor
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, señaló que la política arancelaria del presidente está provocando "más caos económico" y obligando a los ciudadanos estadounidenses a pagar la factura. En este sentido, el fiscal general de Connecticut, William Tong, citó un análisis reciente de investigadores del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
Dicho estudio concluyó que casi el 90% del coste de los aranceles durante el año 2025 fue sufragado por los consumidores y las empresas de Estados Unidos, y no por los países exportadores.
A la demanda se unieron también los gobernadores de Kentucky y Pensilvania. Además de buscar la anulación del arancel del 15%, la coalición solicitó que el tribunal ordene al Gobierno federal emitir reembolsos a los estados por los sobrecostes arancelarios que ya pagaron. Los fiscales insistieron en que se trata de un ejercicio de poder ejecutivo "desenfrenado" que busca puentear la autoridad tributaria del Capitolio en un momento de máxima tensión por la política comercial de la Administración Trump.
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