Así fue la guerra sucia dentro del Constitucional en la votación para elegir a Pumpido

El Tribunal Constitucional se ha renovado al fin pero el tribunal de garantías está lejos de presentar una buena salud interna y un ambiente sano para este órgano tan importante para el Estado.

Ayer se votaba la elección del nuevo presidente del TC, siendo elegido el aspirante favorito, el progresista Cándido Conde-Pumpido. Lo hizo por la mínima, con 6 votos a favor y 5 en contra.

Pero el proceso no fue limpio y hubo una guerra sucia interna. Los jueces conservadores, que ahora son minoría tras la 'victoria' del Gobierno en esta pugna, boicotearon la votación apoyando a la magistrada progresista María Luisa Balaguer sólo para entorpecer la votación.

El objetivo era dividir al bloque progresista, que es cierto que tenía cierta división a la hora de elegir a su candidato, per era mínima y fue alimentada gracias a los jueces conservadores, que sembraron la cizaña.

Además, después de elegir al presidente, hubo nueva polémica con la elección esta vez de la vicepresidenta, que finalmente fue la también magistrada progresista Inmaculada Montalbán.

La polémica radica en que desde círculos judiciales se acusó a los progresistas de haber roto el consenso tradicional de que se compense el reparto de cargos, siendo presidente el magistrado del sector ideológico que es mayoría, y vicepresidente un magistrado del otro sector, para así mantener un equilibrio.

Pero es que los magistrados conservadores volvieron a preparar una 'trampa' al proponer a su propio candidato masculino, algo que se quería evitar desde el principio para así asegurar la paridad que es habitual hoy en día en casi todos las instituciones del Estado.

Los jueces progresistas proponían que este cargo de segundo rango fuera ocupado por una magistrada, pero los conservadores no presentaron a nadie de este género, así que se vieron obligados a forzar la votación de su cercana Inmaculada Montalbán para que hubiera presencia femenina en la vicepresidencia.

Muchas tensiones

Conde-Pumpido sustituye así al presidente saliente Pedro González-Trevijano, de perfil conservador y que tenía el mandato caducado desde hace años.

Pumpido fue Fiscal General del Estado en tiempos del Gobierno Zapatero y había sido señalado en esta candidatura por estar demasiado marcado por la política.

Pumpido se impuso a la otra aspirante progresista, la feminista María Luisa Balaguer, que no estaba tan ligada a ningún partido político.

En la votación la disputa era entre Pumpido y Balaguer, y la cuestión es cuántos jueces progresistas se decantarían por uno y otro. Finalmente María Luisa Segoviano, que estaba entre 2 aguas, se decantaba también por Pumpido y Balaguer se votó a sí misma, siendo su única 'papeleta' a favor entre los progresistas, pero al sumar 4 votos conservadores, obtuvo en total 5 ante los 6 de su rival.

Segoviano era una de las 4 nuevas caras del Constitucional, nombrada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dominado por los vocales conservadores, pero en consenso con el sector progresista.

El actual estado del TC

Éste es ya el último paso para la renovación completa del Constitucional, que con los 4 nuevos integrantes que se confirmaron la pasada semana ha pasado de tener 6 jueces conservadores y 5 progresistas a 7 progresistas y 4 conservadores.

Queda por elegir un miembro más, el duodécimo, como marca la Constitución. Este cargo, el correspondiente al dimitido Alfredo Montoya, que en su día fue elegido por el Senado, así que sin que sea decisivo para ese equilibrio ideológico, habrá otra novedad más en los próximos meses. Montoya renunció por motivos de salud. En todo caso, este nuevo magistrado no cambiará el equilibrio ideológico y de sectores en el Tribunal.

Los magistrados del TC son en estos momentos: Ricardo Enríquez, Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez Valcárcel, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán, María Luisa Segoviano, César Tolosa, Juan Carlos Campo y Laura Díez.

El cargo de presidente no es sólo representativo, sino que tiene mucha relevancia. Es quien marca los tiempos y la agenda del Tribunal para atender los recursos acumulados. Y aquí es donde comienza el interés: porque tanto en este año como en los siguientes deben resolverse los recursos contra importantes leyes del Gobierno Sánchez, tales como la ley de eutanasia, la ley de educación (conocida como 'ley Celáa'), la ley de la Infancia, el Ingreso Mínimo Vital...