El ex ministro Fernández Díaz se enfrentará a 15 años de cárcel por el espionaje a Bárcenas

Ya se conocen la pena que pedirá la Fiscalía Anticorrupción para el ex ministro de Mariano Rajoy en la cartera de Interior Jorge Fernández Díaz.

El ministerio fiscal solicita una pena de 15 años de cárcel por la conocida como 'operación Kitchen', una trama pagada con fondos públicos para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas con policías.

El objetivo era conseguir la información que tenía Bárcenas sobre el PP relativa a los casos de corrupción de la trama empresarial conocida como 'Gürtel'.

La Fiscalía pide, además, 19 años de prisión para el ex comisario José Manuel Villarejo, que fue clave en la presunta operación de espionaje.

Anticorrupción cree que Fernández Díaz pudo cometer delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad, por lo que además de cárcel solicita 33 años de inhabilitación.

También hay petición de penas para el número 2 de Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez (15 años) y para el ex director de la Policía Nacional, Eugenio Pino.

Por su parte, PSOE y Podemos, personados como acusación popular, reclamaron más penas: más de 40 años de cárcel para Fernández Díaz. Por último, la familia Bárcenas pide también más de 40 años de prisión para el político del gobierno Rajoy.

Todo sobre la 'Kitchen'

El caso de la 'operación Kitchen' fue una pieza separada del 'caso Tándem'. La instrucción judicial cree que el ex ministro Fernández Díaz sería el presunto 'cerebro' de la 'operación Kitchen', en colaboración con Martínez y Villarejo. Se emplearon medios públicos, como policías nacionales, para espiar a Bárcenas, en especial al que era por entonces chofer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, quien acabó siendo, presuntamente, recompensado con un puesto policial.

PSOE y Podemos insisten además que se procese a la ex ministra y ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal por participar presuntamente en la trama, estando en contacto con Villarejo.

Sin embargo, el juez García Castellón lo desestimó al considerar que su imputación se tendría que basar tan sólo en unos minutos de audio en unas cintas de las que se duda sobre su origen y fiabilidad.