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La Comunidad de Madrid deja fuera de la Ley de víctimas del terrorismo a los refugiados perseguidos por el Daesh

martes 05 de septiembre de 2017, 18:14h
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha presentado este martes el proyecto de Ley de víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid. Los supuestos están hechos a la medida de las víctimas de ETA en Madrid y de los ataques del 11-M. Esto deja sin posibilidad de reclamar ayudas, por ejemplo, a las víctimas extranjeras del terrorismo yihadista que hayan llegado a la región como refugiados. También, a quienes hayan sufrido atentados etarras fuera de Madrid y no puedan acreditar al menos dos años de empadronamiento antes de esos hechos.
Cristina Cifuentes presenta el proyecto de Ley de víctimas del terrorismo junto al portavoz Ángel Garrido
Cristina Cifuentes presenta el proyecto de Ley de víctimas del terrorismo junto al portavoz Ángel Garrido (Foto: Comunidad de Madrid)

Suena paradójico, pero la nueva Ley de víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid no cubrirá a todas las víctimas del terrorismo que residen en la Comunidad de Madrid. Al menos, si el trámite parlamentario no modifica el proyecto que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha presentado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y que, a su juicio, "garantiza" los principios básicos de "memoria, dignidad y justicia".

En la práctica, el texto restringe esta garantía a un segmento del variopinto catálgo de víctimas de acciones terroristas que conviven en la Comunidad. Como norma general, solo podrán acogerse a las ayudas -económicas, pero también para el acceso a vivienda pública- las personas que hayan sufrido un ataque dentro o fuera de Españasiempre que puedan acreditar al menos dos años de empadronamiento en la regiónprevios al atentado.

Esto excluye voluntariamente a los cientos de refugiados que llegan a la Comunidad para escapar del terror, por ejemplo, del Estado Islámico en Siria o Irak. También, a los ciudadanos que hayan decidido fijar su residencia en Madrid después de sufrir un ataque, ya sean comunitarios o, incluso, españoles.

Compromiso electoral y con la AVT

La normativa es un "compromiso electoral" del PP, según la presidenta, que bebe de la estrecha relación de estas siglas con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Su expresidenta, Ángeles Pedraza, forma parte de la ejecmayoríael partido que dirige Cifuentes.

Por eso, la legislación prevé dos excepciones diseñadas a la medida de los damnificados por el terrorismo de ETA. Por un lado, se otorgará protección a quienes acrediten haber sufrido "amenazas o coacciones directas" de "organizaciones terroristas" y que, por esa razón, se hayan visto obligados a cambiar su comunidad de origen por la madrileña y hayan vivido legalmente en ella al menos durante los dos años anteriores a la aprobación, cuando se produzca, de esta normativa. En el borrador presentado en enero, este requisito era más exigente y elevaba el umbral a los cinco años.

Por otra parte, también podrán acogerse a las indemnizaciones por fallecimiento o daños físicos y psíquicos quienes, con efecto retroactivo, hayan sido víctimas de actos terroristas en la región desde 1960. La fecha no está escogida al azar. El 27 de junio de ese año, la bebé de 22 meses Begoña Urroz murió en una explosión en la estación de tren de Amara, en San Sebastián. Aunque existe cierta controversia si ETA estuvo detrás de ese episodio, como reivindican las asociaciones, esa jornada se conmemora en España desde 2010 como el Día de las Víctimas del Terrorismo. Para acceder a esas ayudas deberán e haber estado empadronados, también, desde dos años antes de la entrada en vigor de la norma y en el momento en el que sufrieran el ataque.

Casi 3.000 beneficiarios

Con todo, la Comunidad maneja una primera estimación de beneficiarios que alcanza las 2.763 personas. Esta es la suma de 584 fallecidos -el reconocimiento lo reciben sus familiares y allegados- y los 2.189 heridos que causaron, en su mayoría, ETA y las bombas del trágico 11 de marzo de 2004.

La Comunidad, en todo caso, no piensa ampliar la categoría de víctima del terrorismo que describe la normativa estatal y, por ejemplo, evita pronunciarse sobre capítulos como la represión franquista.

La revisión de esta legislación autonómica prevé una mejora del sistema de ayudas que van desde un incremento de las subvenciones regionales de un 30 por ciento que complementan las que otorga el Ministerio del Interior a nuevas facilidades para vivienda, educación, cultura y deporte.

Historia del terrorismo, pero no como asignatura

Este martes, Cifuentes ha confirmado que los centros educativos de la región deberán incorporar a partir del próximo curso unidades didácticas sobre la historia del terrorismo en todos los currículos, desde Primaria a Bachillerato. Eso sí, no será una asignatura diferenciada.

"Queremos que se estudie como contenido, dentro de la Historia, para que se sepa qué ha sido ETA", ha matizado la presidenta. "Es imprescindible que no sea algo optativo".

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