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Víctimas del terrorismo

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 1 año y medio de cárcel por un delito de humillación a víctima del terrorismo a Tomas Santos Martín por difundir en Twitter mensajes vejatorios contra Pilar Manjón, madre de una víctima de los atentados del 11-M en Madrid y expresidenta de la asociación 11-M Afectados del Terrorismo. Asimismo, el condenado tendrá que indemnizar a Manjón con 6.000 euros.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha reiterado que "haga lo que haga ETA, no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes", ya que "ni sus crímenes ni la acción de la Justicia desaparecen". Ante el comunicado final de la banda terrorista vasca, en el que confirma su disolución pero elude hacer aurocrítica, Rajoy ha asegurado que se trata de "palabrería y operaciones de propaganda", al tiempo que ha proclamado que "ETA ha sido derrotada por la acción del estado de Derecho y por la fortaleza de la democracia".

Las autoridades judiciales francesas han entregado a España los efectos y documentos incautados a la banda terrorista ETA durante los últimos 20 años. Más de 40.000 folios, cientos de terabytes en documentos digitales y más de 300 armas conforman el llamado 'archivo de ETA', en el que se espera encontrar datos relevantes sobre el funcionamiento interno de la banda, información sobre atentados, el conocido como 'impuesto revolucionario' o información sobre comandos y objetivos potenciales. Esta entrega constituye una operación inédita en el ámbito europeo de seguridad y justicia.

La Audiencia Nacional ha condenado a dos internautas, Luis Fernando de R.R y a Tomás S.M., a un año y un año y medio de cárcel, respectivamente, por un delito de enaltecimiento del terrorismo en su modalidad de humillación a las víctimas por difundir a través de las redes sociales mensajes vejatorios contra Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo.

Mensajes de unidad frente al terrorismo, pero con matices. Si bien oficialmente se han dejado al margen las rencillas políticas entre Gobierno y Generalitat para actuar codo con codo a raíz del doble atentado de Cataluña, el 'procés' ha comenzado a dejarse entrever también en este asunto. El conseller de Interior, Joaquim Forn, corrigió al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre la investigación del ataque yihadista insistiendo en que son los Mossos d'Escuadra quienes están al cargo y diferenció entre víctimas "españolas" y "catalanas" al hacer un balance de heridos y fallecidos.

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> Tras el homenaje al etarra Balerdi, que asesinó a cinco personas

Un nuevo homenaje al salir de la cárcel un etarra con varios asesinatos a sus espaldas, Francisco Javier Balerdi Ibarguren, ha dado lugar a las correrspondientes críticas de víctimas y familiares de víctimas de la banda. En concreto, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha alerta de este reciente hecho por la impunidad con que fue homenjeado en San Sebastián, como puede verse en este vídeo.

La entidad soberanista ANC no participará en los actos de conmemoración del primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils del pasado 17 de agosto para no coincidir con el rey Felipe VI. Fuentes de la entidad han explicado que la ANC "no participa en actos que cuenten con la presencia del Rey de España", por lo que han rechazado la invitación del Ayuntamiento de Barcelona, aunque la semana pasada pidieron que no se boicoteara al monarca durante los actos de homenaje a las víctimas.

Cada mañana durante la última semana, María Dolores García Rodríguez y Concepción García Ávila se concentran a las puertas del Ministerio del Interior para solicitar una reunión con el ministro Juan Ignacio Zoido. Ambas son viudas y víctimas de ETA, que en 1982 asesinó en Rentería a sus maridos, los agentes de la Policía Nacional, Antonio Cedillo y Alfonso López. Tras una semana sin respuesta alguna, han registrado una nueva carta este jueves en el Ministerio en la que denuncian "la no reparación de las víctimas del terrorismo".

La banda terrorista ETA, que confirmará su disolución a principios de mayo, ha emitido este viernes un comunicado en el que pide disculpas por el dolor causado, al tiempo que reconoce que "nada de ello debió producirse jamás o que no debió prolongarse tanto en el tiempo". Durante sus 6 décadas de actividad armada, a la que renunció en 2011, la banda ha acabado con la vida de más 800 personas. Ese reconocimiento del daño y la petición de perdón han sido una reivindicación fundamental de la democracia, pero las reacciones al comunicado de la banda van de la celebración "de un hecho histórico" al rechazo de quienes consideran que se trata de un intento por manipular y 'blanquear' su historia.

La Asociación 11-M de Afectados por el Terrorismo denuncia el olvido de estas víctimas por parte del Ministerio del Interior, después de que se haya aprobado una compensación de 3 millones de euros para los amenazados por terrorismo en la que no han sido incluidos. La Asociación ha manifestado su "hartazgo y repulsa por el ninguno y olvido del 11-M, el mayor atentado terrorista en suelo europeo", frente al reconocimiento de las víctimas del terrorismo de ETA. Precisamente este año se cumplen 14 años de los atentados en Madrid.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal ha vuelto a criticar que "Cataluña ha estado gobernada por personas que estaban cuidando de sus propios intereses", y que "han puesto en jaque la convivencia". Así se ha pronunciado tras la Junta Directiva del PP Vasco, en un discurso en el que también ha criticado a Ciudadanos y los partidos que a su juicio "están a las modas", mientras que ha defendido la labor de los 'populares'. Tras la Junta 'popular' se ha celebrado un acto de homenaje al edil del PP en San Sebastián, Gregorio Ordóñez, en el día que se cumplen 23 años de su asesinato a manos de ETA.

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha presentado este martes el proyecto de Ley de víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid. Los supuestos están hechos a la medida de las víctimas de ETA en Madrid y de los ataques del 11-M. Esto deja sin posibilidad de reclamar ayudas, por ejemplo, a las víctimas extranjeras del terrorismo yihadista que hayan llegado a la región como refugiados. También, a quienes hayan sufrido atentados etarras fuera de Madrid y no puedan acreditar al menos dos años de empadronamiento antes de esos hechos.

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