Continúa la división de pareceres en el gobierno de coalición en torno a qué hacer para solucionar el problema de rebajas masivas de penas a delincuentes sexuales tras la aprobación de la Ley de libertad sexual, conocida popularmente como 'Ley del sólo sí es sí'.
Y parece que ya hay una propuesta firme por parte del ala socialista del Ejecutivo. Según asegura este lunes la 'Cadena SER', el Ministerio de Justicia propone recuperar las penas anteriores a la entrada en vigor de esta normativa que lideró Unidas Podemos desde el Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero.
Cree así que se evitará ver más rebajas masivas a violadores, al menos en los casos más graves. Para ello, el ministerio que dirige la socialista Pilar Llop quiere volver a penas de entre 1 y 5 años cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima.
Después, propone penas de entre 6 y 12 años en esos mismos casos pero cuando la agresión sexual incluya acceso carnal, como la penetración. En los supuestos con agravantes se pide volver a las penas anteriores de entre 5 y 10 años cuando no haya penetración y de entre 12 y 15 con penetración. En los casos que haya menores como víctimas, se pide también actuar con severidad y las penas máximas.
El texto elaborado por Justicia admite que el objetivo es volver a las penas anteriores a esta nueva ley, especialmente en las agresiones sexuales con violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima (como la sumisión química).
Roces con Unidas Podemos
Sin embargo, habrá problemas porque no está de acuerdo el ala morada con esta postura. El Ministerio de Igualdad se opone porque cree que supone de facto acabar con la legislación que considera suya y se vuelve al sistema anterior, por lo que se regresa a centrarse en la violencia y la intimidación en las agresiones, por lo que deja en un lugar muy débil el asunto del no-consentimiento, el famoso 'no es no' y por tanto, el espíritu del 'sólo sí es sí'.
Desde Unidas Podemos se insiste en que el problema no radica en esta normativa sino que en cómo se aplica por los jueces. Es decir, se insiste en el conflicto con el Poder Judicial y no en un plan urgente para evitar el continuo goteo de rebajas de penas. Algo que el PSOE considera prioritario en plena etapa electoral, porque este tema está desgastando mucho a los progresistas y dando a la derecha.
El ala morada del Gobierno sólo cedería en incluir en la ley revisada una especie de guión para evitar interpretaciones "incorrectas" de los jueces a la hora de revisar penas, acusando a éstos de actuar de manera automática con las rebajas de sentencias sin tener en cuenta la gravedad de los hechos por los que fueron condenados.
El Ministerio de Justicia ya se ha defendido de manera interna a esta reacción defensiva de Unidas Podemos y cree que sus propuestas sólo serían "correcciones mínimas" para "respetar el modelo de la ley que se centra en el consentimiento" de las personas agredidas.
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