La postura fue expresada por el prefecto de Tarija, Mario Cossío (ex MNR), quien a nombre de sus correligionarios indicó que luego de la detención de Vaca, “es necesario hacer un alto y reestablecer las condiciones para avanzar en el proceso de diálogo”.
La decisión de los prefectos surgió luego de la captura de aquel dirigente cívico tarijeño acusado por el Gobierno de participar en un atentado contra el gasoducto de exportación de gas perpetrado durante las protestas de septiembre pasado que fueron vinculadas a un proceso conspirativo.
Según Cossío, esa aprehensión “viola” uno de los puntos del acuerdo suscrito con las principales autoridades nacionales, el pasado 16 de septiembre que dio lugar al proceso de diálogo instalado el 18 de septiembre, por lo que solicitó al presidente, Evo Morales, manifestarse al respecto.
Con esta acción, el Gobierno del presidente Morales viene realizando una serie de detenciones en este último tiempo, acusando a autoridades y personas particulares de diferentes acciones en contra del Estado: El 2 de junio de este año, Roberto Lenín Sandoval López, jefe de campaña de Savina Cuéllar (prefecta de Chuquisaca, opositora a Morales) fue capturado, sin orden judicial, cuando salía de su casa (en Sucre) para llevar a sus hijas al colegio. Este funcionario que días después fue liberado fue acusado de ser uno de los alentadores de las protestas cívicas en contra de Morales.
Una de las capturas que causó mayor revuelo en el país fue la del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, el 16 de septiembre. La autoridad fue acusada de ser responsable de los enfrentamientos entre campesinos, que causó la muerte de más de 15 personas, cuatro días antes, en la localidad de Porvenir.
Para detener al prefecto, más de 500 policías cercaron la plaza de Cobija, para posteriormente sacarlo a Fernández, del edificio prefectural y conducirlo hasta el aeropuerto e inmediatamente trasladarlo a La Paz. El operativo estuvo comandado por el ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana. “Ojala el país sepa entender lo que está sucediendo”, dijo Fernández en el momento de su captura.
Pero la cosa no paró ahí. Unos días después, 27 personas más fueron detenidas y también llevadas a la sede de Gobierno. Los ciudadanos pandinos fueron acusados de ser cómplices de Fernández. Lo cierto es que tras la detención del tarijeño José Vaca, el diálogo quedó paralizado porque los prefectos consideran que no existen garantías por parte del Poder Ejecutivo de nuestro país.
Sin embargo, en La Paz, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, señaló que Vaca fue detenido en marco de la ley, pues poseen pruebas de la participación de ese ciudadano en atentados terroristas contra gasoductos. Además, el ministro de Estado ratificó que el apresamiento se realizó de la forma correcta, y no se trató de un “secuestro” como aseguran algunos medios nacionales de prensa.
Pese a esto, el Prefecto tarijeño demandó al presidente Morales cumplir con los acuerdos suscritos, aunque quedó en claro que el Gobierno aseguró, antes de la firma de ese documento, que la ley no será negociada.
No sólo en el caso del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, detenido en la cárcel de San Pedro como principal sospechoso de haber organizado el asesinato de al menos 18 personas en esa región, sino en todos aquellos en los que las autoridades jurisdiccionales decidan la aplicación de la norma.
A este caso se circunscribe, según el Gobierno, la detención de Vaca, a quien se le atribuye haber encabezado el atentado contra el gasoducto que transporta el energético al Brasil.
En ese contexto, Cossío advirtió que mientras el Gobierno Nacional “no reconduzca” su actuación en este caso y no dé respuestas específica a los pedidos “los cuatro departamentos, que hemos participado de este proceso de diálogo, hemos decidido suspender temporalmente nuestra participación en las mesas de trabajo”.
Esas comisiones buscan mecanismos para compatibilizar la nueva Constitución con las demandas de autonomía de los departamentos, y la distribución de los recursos del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH).
Antes de la decisión de los prefectos opositores, que hoy fue calificada como un pretexto para romper el diálogo por dirigentes de los movimientos sociales; el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, destacó los acercamientos que conducían a suscribir el próximo domingo un principio de acuerdo.
Empero, la inesperada situación podría poner en peligro la continuidad de la negociación entre el Gobierno y prefectos opositores, previstas para reiniciarse este domingo con la aspiración de lograr un pacto nacional.
No obstante, Cossío insistió en que los prefectos no quieren que se “rompa el diálogo” y por ello dijo que “seguiremos aquí, en Cochabamba, esperando una repuesta del Presidente”.
Más allá de ello apuntó que solicitaron una reunión a representantes de la comunidad internacional que acompañaron el diálogo para expresar “nuestra preocupación” y para que “ayuden a salvar el diálogo nacional”,
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