Conferencia de Presidentes

A grandes males, grandes remedios. Si es que realmente es cierto que la inversión pública es un buen remedio. Grande, desde luego, lo será, a la vista de la decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero de invertir 11.000 millones de euros, a costa de la deuda pública, con el fin de crear 300.000 puestos de trabajo en 2009. Se trata de una receta clásica -keynesianismo en estado puro-, que había caído en desuso y que vuelve a la palestra no como consecuencia de una meditada decisión estratégica, sino como el atajo frente a una crisis que devora el empleo en España. Es una actuación como la de los bomberos ante el fuego, con la diferencia de que los bomberos suelen tener todo previsto para actuar, mientras que Rodríguez Zapatero se ve obligado a improvisar, arrastrado por las circunstancias.

Sorprende que tanto su partido como las otras fuerzas políticas no se planteen una reflexión a fondo sobre el modelo económico de España, en vez de repetir jugadas y críticas de regate corto, allí donde se les agota el campo. Pero parece que no hay tiempo ni para reflexionar ni para pactar. Sólo para actuar de la mano de los ayuntamientos y en menor medida de algunas empresas, ninguneando de paso a las comunidades autónomas.

Y no sorprende menos que en tales circunstancias el presidente del Gobierno no haya convocado una Conferencia de Presidentes ante la crisis, teniendo en cuenta que es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. España tiene una estructura de corte federal y no implicar a las autonomías en circunstancias tan adversas denota cuando menos ignorancia de cómo funciona el país. Por otra parte, actuando de esta forma, mal se le podrá pedir a las comunidades autónomas que cumplan los límites de déficit que impone Bruselas, cuando el Gobierno superará ya este año la barrera del 3% del PIB, el tope vigente en la Unión Europea mientras no se fije otro más adecuado a las adversas circunstancias que sufren la mayoría de los socios de la UE. Las comunidades autónomas -así lo dice la Constitución- son Estado y el Gobierno del Estado también debería saberlo.