Un Congreso que parece pintado en la pared

De esta forma, el Gobierno colombiano entregó formalmente a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Javier Cáceres y Édgar Gómez respectivamente, el texto completo del acuerdo bilateral que permite a Estados Unidos utilizar siete bases militares del país.

El objetivo del convenio, firmado hace cuatro días en Bogotá, es permitir a Estados Unidos "el uso y acceso ilimitado a instalaciones dentro de algunas bases militares colombianas con el cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad", recalcó Valencia.

El pacto, explicó, es "exclusivamente para las actividades mutuamente acordadas" y busca combatir ciertos delitos solo en territorio colombiano y con algunas limitaciones. Así mismo, indicó que Colombia podrá solicitar que se levante la inmunidad a militares estadounidenses que estén involucrados en delitos, y aclaró que esta figura no protege a los contratistas de ese país.

"Las investigaciones pueden ser de las dos autoridades, tanto la colombiana como la norteamericana, y esos entes de investigación pueden aportar pruebas al proceso así se desarrolle en Estados Unidos", apuntó Valencia.

Resaltó, además, que el Gobierno de Estados Unidos se comprometió a indemnizar a terceros que resulten afectados por sus acciones.

"No se permite la creación de una base de Estados Unidos en Colombia, no habrá bases norteamericanas en Colombia. No es un acuerdo de defensa mutuo, es de cooperación técnica en la lucha contra las drogas y el terrorismo", agregó.


La gran sorpresa

Aunque la esencia de los 25 artículos del texto ya se habían comentado públicamente, entre ellos los temas de inmunidad y el uso de bases navales y aéreas colombianas, uno que llamó la atención es la autorización que ya tienen las aeronaves estadounidenses de poder aterrizar en cualquier aeropuerto internacional del país.

Antes del acuerdo, las naves militares de Estados Unidos entraban por las pistas del aeropuerto El Dorado de Bogotá y desde allí se movían a sus lugares de destino.

Sin embargo, el artículo V, numeral 2, que se refiere a los procedimientos de autorización  de ingreso y sobrevuelo de aeronaves, habla del empleo de "aeropuertos internacionales para el ingreso y salida del país". "Se establecerá un mecanismo para determinar el número estimado de vuelos que harán uso de los aeropuertos internacionales, de conformidad con la normatividad colombiana", agrega el texto.

Colombia tiene en la actualidad 7 pistas internacionales: Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Bucaramanga y San Andrés y ninguna de ellos se menciona o se excluye explícitamente en el texto.

Este punto amplía el uso de pistas nacionales por las aeronaves estadounidenses, aunque fuentes de la Fuerza Aérea señalaron que el tema es irrelevante, ya que las pistas serán usadas únicamente para aterrizaje y despegue.

Sin embargo, la normatividad de uso de aeronaves obliga a que los aparatos estén en tierra para abastecer combustible y en algunos casos revisión técnica, lo que obligaría a que hubiera personal extranjero en tierra  en estos aeropuertos, durante la estadía de las tripulaciones y los aparatos.

La base aérea de Palanquero, en el centro del país, será el eje de las siete instalaciones a las que los militares estadounidenses tendrán acceso.

Según Bogotá y Washington, los otras bases que se podrán utilizar son las de Larandia (Caquetá) y Tolemaida (Tolima); las aéreas de Malambo (Atlántico) y Apiay (Meta), así como las navales de Cartagena y Málaga, en el Pacífico.


Otros temas

En cuanto a la Inmunidad, el Artículo VIII  ratifica la inmunidad para personal administrativo y técnico de la misión. Sin embargo, Estados Unidos se compromete a revisar cualquier solicitud de parte de Colombia a la renuncia de la inmunidad de estadounidenses que se vean inmersos en  delitos cometidos contra nacionales o dentro del país.

Sobre el personal que llegue a Colombia, una comisión, nombrada por el Ministerio de Defensa verificará los antecedentes de los extranjeros, tanto los que contraten para trabajar, como los que permanezcan en las bases.

Así mismo, el personal militar tiene autorización para usar su uniforme y armamento "para actividades que se lleven a cabo en el marco del presente acuerdo".

Sin embargo, el embajador William Brownfield aseguró que los norteamericanos no participarán en ninguna operación armada.

El artículo XX, numeral 2, da vía libre para que Estados Unidos establezca estaciones receptoras por satélite para la difusión de radio y televisión, sin trámite de licencias ni costo. Estas comunicaciones serán usadas directamente en las bases e instalaciones autorizadas previamente por las partes.


El último punto del acuerdo señala que después de los 10 años vigencia, que vencen en el 2019, podrá haber  una prórroga de 10 años más.


La prohibición expresa de que las operaciones excedan las fronteras de Colombia, un tema que ha generado duras declaraciones de países como Venezuela, quedó consignada en el Artículo III, numeral 4: "Las partes cumplirán sus obligaciones derivadas del presente Acuerdo de manera que concuerde con los principios de la igualdad soberana, de la integridad territorial de los Estados y de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados".


Un lento despertar

Por ahora y luego de meses de polémica por poca o mucha conveniencia de un acuerdo militar con Estados Unidos, fuentes del Congreso han afirmado que Javier Cáceres y Édgar Gómez, han analizado la posibilidad de hacer un debate de control político por la decisión del Gobierno de no tramitar este pacto a través del Congreso.

Por su parte, el presidente, Álvaro Uribe, aseguró que esta semana se conocerá totalmente el acuerdo de cooperación entre Bogotá y Washington, que fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y el embajador de EE.UU. en Bogotá, William Brownfield.