El Gobierno de México planea reforzar los esfuerzos de repatriación en su frontera con Arizona ante la posible entrada en vigor de la ley SB1070, la primera en Estados Unidos en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados, informaron fuentes oficiales.
"Si se llega a dar la entrada en vigor de esta ley, por supuesto habrá un reforzamiento en busca de que la recepción sea digna", explicó la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero.
En rueda de prensa para presentar la Conferencia Regional sobre Migraciónes (CRM) -que se celebrará del 17 al 21 de mayo próximo en Tapachula- la alta funcionaria señaló que México, país que ya mantiene un Programa de Repatriación Voluntaria en Arizona, lo intensificaría para que los retornos se hagan de manera "ordenada", "coordinada" y "además, segura".
A través de dicho programa, EE.UU. financia la repatriación de los indocumentados interceptados en Arizona que deseen regresar a México, cuyo Gobierno se hace cargo a su vez de los viajes desde el punto de entrada, hasta los lugares de origen de los indocumentados.
Romero explicó que en Tapachula no habrá un pronunciamiento político contra la controvertida SB1070 porque el encuentro "no es un foro político", sino un espacio para fomentar el diálogo sobre asuntos migratorios en Norte y Centroamérica.
Sin embargo, la alta funcionaria recordó que la ley aprobada en Arizona es una preocupación para once países que asistirán, entre los que están Estados Unidos y Canadá,
Para la titular del INM, aunque sobre la ley de Arizona se podría hablar entre los participantes, en el seno de la CRM el tema no se abordará porque se busca "no confrontar" posturas.
La ley de Arizona, que está previsto que entre en vigor a finales de julio, convierte en delito menor la presencia ilegal en ese estado y otorga a los departamentos policíacos la autoridad de cuestionar el estatus de una persona si existe "sospecha razonable" de que es un inmigrante ilegal.
La medida también otorga facultades especiales a la Policía estatal para pedir documentos de residencia legal a cualquier persona.
La normativa, promulgada el pasado 23 de abril por la gobernadora republicana Jan Brewer, desató un coro de protestas por parte de organismos de derechos humanos, de representantes de comunidades étnicas, principalmente hispanas, y de varios Gobiernos.
Según cálculos oficiales, en Arizona residen alrededor de 460.000 inmigrantes sin papeles, la mayoría de ellos mexicanos.
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