El Constitucional lo confirma: sólo puede ser alcalde "quien obtuvo legitimación en las urnas"

Así lo ha decidido la Sala Primera del Tribunal Constitucional contra la anómala situación establecieda en el Consistorio de Cudillero (Asturias). Resulta que Gabriel López Fernández, alcalde socialista de Cudillero, presentó su renuncia al cargo y a su acta de concejal el 11 de enero de 2011. El resto de los candidatos y suplentes que figuraban en la lista que había presentado el PSOE formularon su renuncia anticipada a cubrir la vacante de concejal. La Ejecutiva local del partido designó entonces como su sustituto a Ignacio Fernández Díaz.

Todas las renuncias, que fueron formalizadas en un plazo de menos de quince días, esgrimían argumentos como "motivos personales" o "incompatibilidad". El 7 de marzo el Ayuntamiento de Cudillero celebró un pleno extraordinario para elegir al nuevo alcalde y, dado que todos los demás miembros del PSOE habían renunciado anticipadamente a la candidatura a la Alcaldía, fue elegido alcalde Fernández Díez por ocho votos frente a los tres que obtuvo el representante del PP y dos votos del representante de Foro Asturias Ciudadanos.

No concurrió a las elecciones municipales

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan José González Rivas, analiza un recurso presentado por Foro Asturias Ciudadanos contra la proclamación como alcalde de Cudillero de Fernández Díaz, quien no había concurrido como candidato a las elecciones municipales de 2011 en la lista electoral del PSOE.

Foro Asturias Ciudadanos denunció entonces que el hecho de que entrara a forma parte del Ayuntamiento en sustitución del anterior alcalde y concejal tras renunciar a su cargo constituía una vulneración del artículo 23.1 de la Constitución, en cuanto al derecho a la participación política en las elecciones, y del artículo 23.2, relativo al derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, en la medida que se designa alcalde a una persona que no cumple con los requisitos legalmente establecidos.

Los magistrados señalan en la sentencia que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) recoge que para ser elegido alcalde en los municipios de población superior a 250 habitantes "pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas". Este requisito legal permite "identificar" la exigencia de un plus de representatividad en la persona que presenta su candidatura a la Alcaldía, "vinculando la voluntad del cuerpo electoral expresada en las urnas con la candidatura a la Alcaldía al exigir que debe postularse como candidato el Concejal que encabece la lista electoral".

Esta misma exigencia se mantiene para la Alcaldía en supuestos distintos a los de moción de censura o cuestión de confianza. Esto es, cuando el alcalde renuncie, la ley contempla que su sustituto sea la persona que figuraba el siguiente en la lista, a no ser que renuncie a su candidatura. "En consecuencia, la elección de alcalde en el transcurso del mandato municipal sigue estando conectada con la voluntad de los electores expresada en el voto a una determinada lista, ordenada escalonadamente, excluyendo el miembro anterior de la lista a los posteriores, con la única excepción del caso de renuncia".

Primero, hay que ser candidato

La sentencia deja claro que "no puede entenderse" que un concejal que no ha concurrido a la elección cumpla con los requisitos legales para ser alcalde: se exige "expresamente" la inclusión en la lista electoral de quien se propone como candidato a alcalde, "lo cual excluye a personas que no hubieran concurrido a las elecciones".

Por tanto, añade que "no cabe duda" que en el concepto lista se pueden integrar personas que no concurran a las elecciones en las correspondientes candidaturas, aunque pertenezcan a un grupo municipal al que hayan accedido por vía legal. Sin embargo, esta vía (la de permitir el acceso de un ciudadano a concejal sin estar integrado en una lista) "no es reconocida en el caso de la elección de alcalde".

En este caso concreto no cuestiona la forma en que Fernández Díaz accedió a su cargo de concejal, sino su elección como alcalde, puesto que su nombre no aparecía en ninguna candidatura. Así, los magistrados entienden que con su nombramiento "se estaría alterando gravemente la voluntad del cuerpo electoral y, en consecuencia, viciando la relación representativa entre el conjunto de los ciudadanos y los órganos representativos".