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"Recuerdos", el libro de memorias del exministro de Economía de ZP

Las claves de la salida de Solbes del Gobierno: proponía medidas como las que aplica Rajoy

Las claves de la salida de Solbes del Gobierno: proponía medidas como las que aplica Rajoy

martes 19 de noviembre de 2013, 14:37h
He aquí un documento excepcional: las claves de por qué fue cesado Pedro Solbes en abril de 2009 y sustituido por Elena Salgado. En su libro de memorias "Recuerdos. 40 años de servicio público", de Editorial Deusto, en su páginas 402 a 410, que extractamos aquí, Solbes confirma que entregó un documento a Rodríguez Zapatero anunciándole la gravedad de la crisis y las medidas necesarias para salir de la misma. ZP y su equipo lo niegan, pero las siguientes páginas son definitivas.
(El texto que sigue es un extracto del libro de Pedro Solbes "Recuerdos", publicado por Ediciones Deusto)
 
La puesta al día del Programa de Estabilidad: un momento crucial
 
Desde noviembre era ya evidente que la situación económica seguía empeorando y era urgente actuar. En ese momento estábamos preparando la puesta al día del Programa de Estabilidad para los tres años siguientes que deberíamos presentar en Bruselas antes de fin de año. Mantuvimos varias reuniones con Moncloa, algunas a solas con el presidente y otras con varios participantes. Le expliqué mi visión con enorme preocupación. Le señalé que un país como España no podía permitirse ir más lejos en términos de déficit o deuda pública porque empezamos a generar desconfianza sobre la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y sobre nuestras posibilidades de recuperación, algo que ya se intuía en los mercados, como lo demostraba el incremento del diferencial de coste entre la deuda pública española y la alemana y los rumores sobre una inminente rebaja de la calificación de nuestra deuda pública, que finalmente se materializó en febrero de 2009.

También subrayé que la economía española se enfrentaba a una profunda recesión y que así lo íbamos a reconocer en la revisión del Programa de Estabilidad. Sin margen de actuación en política fiscal y con la construcción, que había sido el motor de crecimiento económico en las dos últimas décadas, en pleno declive, teníamos que buscar nuevas palancas de crecimiento en el sector exterior, a través de la exportación, y para ello teníamos que ser más competitivos. La única manera de lograrlo era reducir nuestros costes, para que nuestros productos fueran más baratos que los de nuestros competidores, a través de la moderación salarial y las reformas estructurales que mejoraran el funcionamiento de nuestros mercados y, de ese modo, aumentar nuestra competitividad e incrementar la productividad de la economía española y su crecimiento potencial.

(...)

En todo caso percibí en aquellas reuniones que estábamos en un momento crítico y en estos meses mi, por lo general, larga paciencia, había llegado al límite. Tuve siempre muy claro que cuando uno ocupa un puesto público, en teoría, puede marcharse en cualquier momento y conseguir el impacto público que puede implicar una dimisión, pero esa decisión puede tomarse sólo una vez, y hay que valorar también los posibles daños. En la anterior legislatura pensé en hacerlo en un par o tres de ocasiones y siempre llegaba a la conclusión de que era mejor aguantar, pues la salida podía resultar personalmente satisfactoria, pero no resolvía ningún problema. A finales de año, pasados nueve meses desde las elecciones, estaba ya totalmente convencido de que la idea por la que decidí ir a las mismas, que mi presencia en el Gobierno pudiera ser útil para ayudar a resolver la crisis, no era correcta. El presidente tenía su propia visión de la crisis y su hoja de ruta y no coincidía con la mía. Yo era un miembro del Gobierno incómodo para él y la situación era, cada vez, más enojosa para mí ya que, por lealtad, tenía que apoyar una política y unas medidas con las que en no pocas ocasiones estaba en desacuerdo. Había llegado el momento de aclarar las cosas y decidir de una vez por todas si valía la pena quedarse o no. Las vacaciones de Navidad eran un buen momento de reflexión así que le señale al presidente que le presentaría unas propuestas después de las vacaciones y que si estábamos de acuerdo con el diagnóstico y sobre todo con las medidas a adoptar estaba dispuesto a quedarme pero que en otro caso prefería marcharme.

Al final le entregué a primeros de enero un documento titulado «Una estrategia para la recuperación de la economía española», redactado con algunos colaboradores del ministerio bajo mis instrucciones directas.

En el documento, de fecha 8 de enero de 2009, se llevaba a cabo un análisis de la economía española en los últimos años, y se destacaban los desequilibrios generados, todos relacionados entre sí: la pérdida de competitividad desde la entrada en el euro, el deterioro pronunciado de nuestro saldo por cuenta corriente (segundo en el mundo en términos absolutos tras los Estados Unidos) y la elevación muy significativa del endeudamiento de familias y empresas.
 
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Se analizaban a continuación las razones de esa situación y se destacaba la extraordinaria expansión de la demanda agregada que había generado tensiones inflacionistas y provocado aumentos de precios y salarios con la correspondiente pérdida de competitividad e incremento de nuestro déficit exterior; el significativo recurso a la financiación exterior dirigido al sector inmobiliario y no a la inversión más productiva; el bajo crecimiento de la productividad que haría disminuir nuestro crecimiento potencial cuando se agotaran las fuentes de crecimiento de los años anteriores (tipo de cambio de entrada en la UEM, bajada de los tipos de interés, incorporación de la mujer al mercado de trabajo, inmigración, transferencias de Bruselas...) y los defectos estructurales de los mercados de bienes y servicios y de trabajo que habían actuado ampliando los desequilibrios.

Se resumían también las actuaciones del Gobierno desde 2004 para hacer frente a esa situación. La política llevada a cabo se basaba en tres pilares básicos. Un entorno macroeconómico estable con una política fiscal responsable; un notable esfuerzo en la capitalización de nuestra economía en especial en capital físico (infraestructuras), humano (educación) y tecnológico (I+D+i), y en tercer lugar un conjunto de iniciativas tendentes a mejorar el funcionamiento y los niveles de competencia de nuestros mercados de factores y productos.

Sobre la base de esas premisas señalábamos que los objetivos de la política económica no habían cambiado, pero ante las nuevas circunstancias era necesario un enfoque amplio y ambicioso, acompañando las medidas a corto plazo -expansión fiscal y provisión de financiación- con otras que facilitaran el proceso de recuperación de la competitividad y que aseguraran nuestra capacidad de crecimiento futuro, «así como de un compromiso firme con la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas en el medio plazo». Sobre este último punto insistía en mi obsesión de que las desviaciones a corto deberían encajarse en una visión más global en la que se fijara la fórmula y momento para recuperar el equilibrio. Y se señalaba textualmente: «Dada la situación de los mercados financieros, las perspectivas con relación a las cuentas públicas son esenciales para evitar el aumento del coste de financiación (prima de riesgo) de la deuda pública y de la deuda privada».
En mi opinión, debería insistirse en las reformas estructurales. Dada nuestra baja productividad en los sectores en los que nos habíamos especializado, sin una mejora de la competitividad aumentaría la probabilidad «de que los ajustes tengan lugar por la vía de las cantidades en lugar de por la vía de los precios, lo que significa más destrucción de empleo».

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La respuesta de política económica exigía, para recuperar la competitividad y dinamizar el crecimiento de la productividad, un proceso de ajuste con los siguientes elementos fundamentales: reducir nuestros niveles de endeudamiento y de déficit exterior, lo que supondría trasvase de ciertos sectores productivos a otros (cobrando especial importancia el sector exterior), recuperar de manera rápida al menos una parte de la competitividad perdida desde 1999 (consecuencia tanto de presiones de demanda como de factores estructurales en la formación de precios y salarios). Al no poder recurrir a la devaluación como se había hecho en el pasado, era necesaria una flexibilidad suficiente en los precios y salarios relativos, creciendo menos que los de nuestros competidores. Había igualmente que mejorar el funcionamiento de los mercados de productos y factores, incluida una moderación salarial y un menor crecimiento de precios y márgenes empresariales. Y todo ello en un marco de finanzas públicas sostenibles a largo plazo.

La conclusión final era reforzar la idea de salir de la crisis con un escenario en V y evitar el riesgo de un escenario en L o en W.

El documento fue acompañado por unas consideraciones personales sobre la necesidad de actuar de inmediato. Proponía incluir las decisiones en la revisión del Programa de Estabilidad, ya que la revisión a la baja de nuestro rating hacía más necesaria la definición de una estrategia de respuesta a la crisis; plantear una visión global y no «Un rosario de actuaciones», y sugerí la puesta en marcha de un comité de crisis para mejorar la coordinación de los ministros, y unas posibles fechas para adoptar las medidas en enero y febrero. La instrumentación del plan se debería hacer en un decreto ley, que estaba ya parcialmente redactado, y cuyo contenido le comenté. En ese borrador se recogían todas las medidas propuestas que, en mi opinión, debían llevarse a cabo mediante un gran pacto con la oposición. El presidente me señaló que me daría su opinión en unos días.

El proyecto de decreto ley que estábamos preparando, y que nunca presenté formalmente ni consecuentemente discutí con el presidente, contenía medidas contundentes, temporales y excepcionales dirigidas a detener la espiral recesiva en la que había entrado la economía española. No podíamos seguir con programas de reformas a medio plazo, no teníamos tiempo. Teníamos que dar una señal clara e inmediata de que afrontábamos los tres peligros que acechaban a la economía española: el deterioro de la confianza, la caída del empleo y el estrangulamiento de la financiación a las pequeñas y medianas empresas. Estas actuaciones se conjugaban con un reparto de los esfuerzos y costes de acuerdo con la situación relativa de los distintos sectores, de modo que las empresas rentables, las familias con rentas más altas y los trabajadores con empleos estables asumieran la mayor parte del esfuerzo.

En el ámbito laboral, se generalizaban las cláusulas de descuelgue para los convenios de ámbito superior al empresarial por un plazo de dos años. Para impulsar la contratación, se proponía introducir un nuevo contrato indefinido de fomento del empleo para todas las nuevas contrataciones que contemplara una indemnización creciente en función de la antigüedad del trabajador y cuya rescisión recayera únicamente sobre la empresa, sin intervención judicial o administrativa. Como alternativa se proponía la reintroducción del contrato temporal de fomento del empleo, con una duración mínima de 6 meses y máxima de 5 años y una indemnización por despido de 12 días por año trabajado.

En lo relativo a los salarios, se proponía la congelación del sueldo de los funcionarios durante dos años y la recomendación al sector privado de moverse entre la congelación y una subida máxima del l por ciento.

También había medidas fiscales. Por un lado, proponíamos una rebaja transitoria del IRPF, sólo por un año, para las rentas más bajas y los autónomos, acompañada de una subida del tipo marginal máximo del 42 al 44 por ciento y de un incremento del tipo reducido del Impuesto sobre Sociedades que se aplicaba a las SICAV. También proponíamos eliminar la deducción de 400 euros y la deducción por nacimiento de hijos para los contribuyentes con menores rentas y subir los impuestos especiales.

Otra de las propuestas, que pretendía mejorar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, era concederles un aplazamiento de un año en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social a cambio del pago de un tipo de interés menor o igual que el que cobraran las entidades financieras, pero sin exigirles garantías.

Por el lado del gasto, además de unos presupuestos claramente restrictivos para 2010, se proponía la reforma inmediata del sistema de pensiones, retrasando la edad de jubilación y aumentando el período de cálculo para la determinación de la pensión. Aunque no se incluyó en el proyecto, era evidente que en el caso de desajustes fiscales respecto al Programa de Estabilidad, había que actuar de inmediato.
 
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Se permitían deducciones en el IRPF sobre las donaciones que se realizaran para financiar servicios como la dependencia o la educación, de manera que se aliviara la carga sobre las cuentas públicas. Por último, y en relación con el sistema financiero, proponíamos una suspensión temporal por dos años de la capacidad de veto de las Comunidades Autónomas sobre las fusiones entre cajas.
 
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Los prolegómenos de la salida del Gobierno
 
La respuesta de Zapatero llegó a finales de enero: «Pedro, este documento es inaceptable. Lo que propones lleva implícitas dos huelgas generales». Le señalé que si no se llevaban adelante esas propuestas no evitaríamos la huelga general y se produciría en condiciones económicas y sociales mucho más dificiles. La respuesta, no por esperada, me impactó menos. Sus palabras eran una clara negativa a lo que yo le proponía y era evidente para mí que desde ese momento mi presencia en el Gobierno prácticamente había terminado; sólo quedaba por definir el momento de esa salida y era consciente que era a Zapatero al que le tocaba administrar los tiempos y decidir cuándo hacer la crisis de Gobierno.

A partir de ese momento Zapatero empezó a cargarse de razones para justificar mi cese y, por la información que recibía, desde Moncloa se alentó la tesis de mi cansancio y mi incapacidad para gestionar la grave crisis económica. A las críticas de sectores, como las inmobiliarias, por mi supuesto inmovilismo al haberme negado a otorgarles ayudas directas a través del ICO; las constructoras, por limitar las inversiones en infraestructuras, o el sector eléctrico por mi negativa a que el Estado se hiciera cargo del déficit de tarifa si no era en un marco global de regulación del sector eléctrico (el acuerdo sobre renovables se basaba en que la tarifa las financiaría y el Gobierno se había negado a las subidas propuestas por Industria y apoyadas por Economía), se unían también las de los partidos nacionalistas catalanes, que veían en mí el obstáculo para obtener más fondos en la negociación sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que veníamos discutiendo desde hacía varios meses. Y todo ello sin contar algunas otras tensiones con algún responsable de la patronal y mis diferencias crecientes en aquellos momentos con el mundo sindical.
 
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Nuestras diferencias estaban en las reformas pero también en la evolución de las finanzas públicas. Podía aceptar una desviación significativa del déficit del 3 por ciento, pero no superior al 6 por ciento en el que prácticamente nos encontrábamos en aquel momento. Bruselas ya nos había abierto un procedimiento por déficit excesivo y me obsesionaba cómo podríamos volver al 3 por ciento en un período razonable, sobre todo si lo superábamos excesivamente con gasto recurrente; de no controlar el déficit, los márgenes que habíamos ganado en los últimos años con el menor coste de la financiación para llevar a cabo incrementos de gasto desaparecerían y podríamos acabar afectando a la evolución del coste de la deuda. Siempre tenía presente que en I994 llegamos a utilizar el 4 por ciento del PIB para el capítulo III del presupuesto (costes financieros) y que en este segundo período lo habíamos mantenido en el l por ciento. Esos tres puntos nos habían permitido avanzar en las políticas sociales como nunca. Aunque utilizaba ese argumento con el presidente, su posición en aquel momento era que vista la evolución en otros países de la UE y la necesidad de una política expansiva de gasto para hacer frente a la recesión, la Comisión y el Consejo aceptarían mayores desviaciones del déficit en los años siguientes; el déficit no sería el problema con una deuda como la que teníamos. Olvidaba la reacción de los mercados si no consideraban sostenible nuestra posición financiera.

Cualquiera que fuera la idea de Zapatero, en su calendario se cruzó un hecho inesperado. Las informaciones sobre una cacería compartida por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el juez Baltasar Garzón, provocó la dimisión del ministro el 23 de febrero. Para entonces mis relaciones con el presidente estaban en mínimos, pero no quiso adelantar la crisis de Gobierno y se limitó a aceptar la dimisión de Bermejo y su sustitución por Francisco Caamaño.

Mis sentimientos en aquel momento afloraron, cosa que no me suele suceder. Mi hartazgo estalló en forma de declaración el mismo día de la dimisión de Bermejo. En un acto público me preguntaron si le envidiaba en algo y mi respuesta fue: «Sí, en que es ex ministro». Esa respuesta reflejaba mi estado de ánimo y mi deseo de abandonar cuanto antes un gobierno en el que sentía que no contaba con ningún apoyo. Mi actitud indignó a Zapatero y creo que precipitó los hechos, aunque tardó más de un mes en hacer la crisis de Gobierno.

Hacia la segunda semana de marzo, el presidente me convocó a una reunión en Moncloa y me dijo que quería relevarme en una próxima remodelación. Mi respuesta fue que me parecía bien. Me informó sobre la persona que había pensado para sucederme y mi respuesta fue que nada tenía que decir, que ésa era su decisión. También hablamos de las fechas, que respetó casi escrupulosamente, con una diferencia de 24 horas por problemas de último momento. Fueron unas semanas difíciles. La vida continuaba. Tuve que ir al Ecofin y al Eurogrupo en Copenhague, y allí informé confidencialmente a algunos de los ministros más próximos y a la Comisión de mi salida.

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