Objetivar el debate sobre la reforma constitucional

Creo que el debate sobre la reforma constitucional presenta un cierto enredo. Por eso me parece que hay necesidad de distinguir los diferentes planos del asunto: la necesidad sustantiva de realizar cambios, los retos de tipo procesal y la urgencia/prioridad de acometer la reforma.

Creo que hay pocas dudas de que sería conveniente reformar varios aspectos del marco de convivencia que nos hemos dado entre todos. Desde el cambio sobre la línea androcéntrica de sucesión de la Corona, hasta algunos aspectos referidos a la estructura del Estado, incluyendo la cuestión autonómica. Además, el propio gesto de reformar esos aspectos mejorables tiene hoy algo de simbólico muy oportuno de cara a las nuevas generaciones.

Ahora bien, si se acepta esa necesidad objetiva de realizar cambios, la verdadera cuestión a resolver es de orden procesal: las reformas constitucionales necesitan los tres quintos de ambas Cámaras o en su lugar de un proceso que concluye con la aprobación por parte de los dos tercios del Congreso. Es decir, se requiere una firme mayoría cualificada. Dicho de otra forma, sin el acuerdo de cualquiera de los dos grandes partidos la reforma es impensable. Incluso podría suceder que fuera necesario algún apoyo suplementario. En suma, sin un amplio consenso político la reforma de la Constitución no es posible.

Lo anterior obliga a recuperar el sentido de Estado y aumentar mucho la carga de razón que justificaría la necesidad de la reforma. Rajoy dice algo razonable cuando afirma que es necesario saber muy bien qué se quiere lograr con la reforma, antes de iniciarla. Algo que exige mucho rigor al plantearse, por ejemplo, el tema autonómico. La solución abstracta del Estado federal parece aceptable, pero no es suficiente, sobre todo para los independentistas. Y otorgar diferencias identitarias a determinados territorios que impliquen diferencias sustantivas de trato en el Estado es algo que no parece muy fácil de aceptar por parte de los otros territorios. Así que todo parece indicar que sería muy conveniente lograr primero un consenso sobre la formula territorial, antes de iniciar un proceso de reforma constitucional.

Eso nos lleva a la cuestión sobre la urgencia/prioridad de acometer la reforma. El PP argumenta que la prioridad debe ser salir de la crisis económica mucho antes que la reforma constitucional. Y es muy posible que tenga bastante apoyo popular al respecto. Sin embargo, en el plano político la urgencia es mayor. Y es responsabilidad de las fuerzas políticas responder a los retos que se plantean en ese ámbito. Por eso coincido con algunas voces acerca de que habría que iniciar un curso de conversaciones sin prisa pero sin pausa. Esas conversaciones deberían tener presencia en la comunicación social, pero también deberían ser lo suficientemente discretas, precisamente por su carácter exploratorio.

Ahora bien, no me parece responsable realizar amenazas apocalípticas. El titular del diario El País diciendo que Felipe González afirma que "si no se reforma la Constitución se puede derrumbar todo lo conseguido", me parece completamente innecesario e inoportuno. Y todavía es peor cuando se leen las declaraciones de González, porque es evidente que no dice exactamente eso. La carga de irresponsabilidad es principalmente del diario.

De todos modos, no está mal detenerse un instante en lo dicho por González. En su primera respuesta afirma que los que se oponen ahora a la reforma constitucional son los mismos que en la transición se oponían a la Constitución que nació en 1978. Y que ahora la consideran como "las tablas de la ley". La comparación que hace es interesante, pero no sólo en el sentido incisivo que el antiguo Presidente de Gobierno pretende. Porque en el fondo González está reconociendo algo que nunca ha querido reconocer, tampoco en la anterior campaña electoral: que la derecha política española hace tiempo que es constitucionalista. Eso supone olvidarse de una vez de la vieja tesis izquierdista de que la derecha española sigue siendo franquista. Algo que tiene una consecuencia capital: al contrario de lo que sucedería con una derecha franquista, con una derecha constitucionalista sí es posible llegar a pactos de Estado. Y si la izquierda no es capaz de sacar esa consecuencia, el problema reside en su propia cultura política. No me cansaré de insistir sobre la distancia que nos separa de la cultura de las fuerzas políticas alemanas. Esas mismas que González pone de ejemplo en sus declaraciones.