El Gobierno de Mariano Rajoy y el
Gobierno de la Generalitat de Cataluña no se entienden y, tras el debate que se
celebrará en el Congreso de los Diputados el próximo martes 8 de abril, todo apunta a que seguirán
instalados en el terreno de la confrontación y que la tensión entre ambas
administraciones se mantendrá en el tiempo. La
Cámara baja debatirá la propuesta del Parlamento catalán que solicita al Estado
la cesión de las competencias del artículo 150.2, relativo a la celebración de referéndums,
para llevar a cabo, por cauces legales, la consulta sobre la independencia de
Cataluña prevista para el 9 de noviembre de este año.
Se da por hecho que será el presidente
del Gobierno,
Mariano Rajoy, quien defienda la posición de su Ejecutivo aunque persiste la
duda. De momento, ha anunciado que no asistirá a la sesión de control en el
Senado lo que se interpreta como que, al final, será el Presidente quien ponga
pie en pared con respecto a las "aspiraciones independentistas" del presidente de
la Generalitat,
Artur Mas.
Por el otro lado, se ha
confirmado que no será el máximo responsable de la Generalitat quien explique
el porqué de su propuesta separatista en la sede de la soberanía popular. El presidente
catalán ya ha dicho que ni siquiera estará presente en la tribuna de invitados.
Para la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista,
Soraya Rodríguez, la ausencia de Mas responde a que "no quiere oír lo que va a
escuchar", postura que califica de "increíble" y "poco valiente".
El acuerdo entre Rajoy y Mas para
buscar una salida dialogada al problema de la secesión se antoja muy
complicado. Además de los cruces de declaraciones, más o menos intensos o más o
menos broncos, de los últimos meses, esta semana tanto el ejecutivo central
como el autonómico están haciendo lecturas favorables a sus respectivos
intereses del fallo del Tribunal Constitucional. Esta sentencia negó que
Cataluña fuera un "sujeto soberano de derecho" pero mostraba las vías para
alcanzar un acuerdo respecto al "derecho a decidir".
En este sentido, Soraya Rodríguez aseguró a Diariocrítico que darán
un "portazo" al referéndum para la independencia de Cataluña. Sin embargo,
apuestan por abrir la puerta al "diálogo político para concretar las
aspiraciones de los catalanes y catalanas".
Para los socialistas, la reciente
sentencia del Tribunal Constitucional "dejó claro que tenemos un problema
político y que somos las fuerzas políticas las que tenemos que resolverlo a
través del diálogo". Y añade que "es la tercera vía que propugnamos desde el
PSOE la que puede sortear el círculo vicioso que supone la carrera hacia el
abismo de Más y el inmovilismo de Rajoy".
Profunda convicción democrática
Desde Izquierda Plural se
muestran "convencidos" de que la propuesta del Parlamento catalán "apuesta
por el diálogo, cabe en la Constitución y reconoce el derecho de la ciudadanía
de Cataluña a ser consultada, sin negar el derecho de la ciudadanía española a
decidir en todo aquello que suponga un cambio constitucional". Por esta razón,
añaden, "nuestro voto a favor se basa en razones de profunda convicción democrática".
El diputado de
Iniciativa per Catalunya Verds y portavoz adjunto del grupo parlamentario Izquierda
Plural,
Joan Coscubiela, comentó a Diariocrítico que si el debate "no
abre una vía de diálogo", el "conflicto" no se cerrará, más bien al contrario, "se
enquista". Por tanto, si no lo resuelve "el actual Gobierno del PP, lo
resolverán los ciudadanos catalanes y españoles con su voto, negando mayorías
absolutas y obligando a negociar".
Sin embargo, el debate
parlamentario del día 8 de abril tiene un resultado ya conocido: el rechazo de
la mayoría de la Cámara por 302 votos,
que son los que suman los escaños de PP, PSOE, UPyD, UPN y Foro Asturias,
frente a los votos favorables de las fuerzas nacionalistas más la Izquierda
Plural, que suman 48 escaños.
Y la pregunta es: ¿Después del
debate en el Congreso, cuál es el escenario que se vislumbra si no se va a
arreglar el problema? El Gobierno no tiene pensado ir más allá y considera que
no hay nada más que debatir sobre este asunto porque la iniciativa de Mas choca
con la Constitución y es "ilegal".
Para los socialistas, tras el "no"
del Parlamento el siguiente paso es "crear una ponencia parlamentaria para
comenzar a hablar entre todos de la necesaria reforma constitucional del Título
VIII para avanzar en terrenos como el modelo autonómico, las competencias o la
financiación de las comunidades autónomas".
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