El Congreso convalida el decreto que dota de 175 millones más al Plan PIVE en su sexta edición

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha sido el encargado de defender este programa, que es "una de las medidas más eficientes para reducir el consumo energético", lo que tiene "efectos positivos adicionales en la seguridad vial y el medio ambiente" y que ha permitido asimismo "atenuar la fuerte caída de ventas de vehículos asociada a la crisis".
   Además, ha recordado que se mantienen los "elementos fundamentales" de las ediciones anteriores del programa, con dos novedades: la obligación de los puntos de venta de sensibilizar a los ciudadanos sobre la conducción eficiente y el deber del comprador de presentar una fotocopia del recibo de pago del Impuesto de Matriculación al menos de 2013 para "garantizar el achatarramiento" del vehículo uso y "asegurar así el ahorro energético".
APOYO AL SECTOR
   El socialista Miguel Cortizo ha justificado su respaldo al decreto en que votar no sería "como suprimirle el gota a gota o quitar la respiración asistida a un enfermo moribundo", aunque no ha entrado en mayores detalles y ha centrado su intervención en la otra parte del decreto, que asigna nuevos fondos a diversos programas de I+D.
   Por parte de CiU, Inmaculada Riera ha resaltado que el sector automovilístico "requiere de este apoyo y de esta ampliación de recursos" pero también ha recordado que "la apuesta por los avances en términos de ahorro y eficiencia energética son irrenunciables". Asimismo, ha valorado la "buena acogida" que el PIVE ha tenido en sus anteriores ediciones y su "impacto positivo" sobre la actividad económica y el empleo.
   El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, también ha señalado que la industria automovilística no puede ser la que "pague el pato" de las "improvisaciones" del Gobierno a la hora de presupuestar fondos para este tipo de materias. Mientras que el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA, José Luis Centella, ha acusado al Ejecutivo de "falsear" los Presupuestos para que "les cuadren las cuentas ante la troika" y ha señalado que este plan es sólo "un parche" para el sector automovilístico.
   Por último, el 'popular' Alejandro Fernández Álvarez ha destacado que este programa "refleja un compromiso inequívoco y absoluto del Gobierno con la innovación en su sentido más amplio" y ha defendido el "éxito" del Plan PIVE y sus "efectos positivos indiscutibles" en la balanza comercial y el empleo.
RENOVAR 175.000 VEHÍCULOS
   Los 175 millones del PIVE-6, que podrán solicitarse hasta finales de año (o hasta que se agote el programa), permitirán la sustitución de un máximo de 175.000 vehículos turismos de más de diez años o de vehículos comerciales de más de siete años por otros nuevos más seguros y menos contaminantes. Esto supondrá, según De Guindos, un ahorro de 60 millones de litros de combustible al año.
   Del total de 2.000 euros de ayuda que perciben los solicitantes, la mitad es aportada por el Gobierno, mientras que la otra mitad la aportan los puntos de venta de vehículos. El Plan PIVE, al igual que en las ediciones anteriores, se gestiona a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA).
   Los fondos del PIVE-6 --que junto con las cinco ediciones anteriores suman ya 715 millones-- se financiarán con cargo a deuda pública, ante la imposibilidad legal de cargar este nuevo gasto al Fondo de Contingencia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tal y como reconoce el Gobierno en la memoria de impacto que acompaña a la norma.
   Dicho texto, que recoge Europa Press, recuerda que el PIVE-5, autorizado en enero, fue dotado con 175 millones de euros con el objetivo de retirar de la circulación hasta 175.000 vehículos antiguos. Sin embargo, como ya había sucedido con las anteriores ediciones del plan, "el ritmo de reservas superó las previsiones iniciales" y el dinero se agostó el 4 de junio.
   "Ante esta circunstancia y para no provocar la interrupción del programa, lo que supondría un efecto negativo para el mercado del automóvil que se considera necesario evitar", el Ministerio de Industria propone una nueva convocatoria que se prolongará hasta final de año.
   Sin embargo, dado que este gasto se deriva de una decisión discrecional del Ejecutivo y no de una obligación o dotación "jurídicamente ineludible", su financiación ha de realizarse con cargo a la deuda, en lugar de recurrir al Fondo de Contingencia, reservado para los primeros supuestos según figura en la Ley General Presupuestaria.
   Este decreto ley no se tramitará como proyecto de ley, dado que ningún grupo lo ha solicitado.